Denuncian violación de derechos humanos en FGR por extradiciones
Jazmín anunció que este caso es solo el comienzo de un movimiento más amplio que busca defender los derechos humanos y luchar contra los abusos en las extradiciones
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Marcha frente a tribunales del Poder Judicial de la Federación
Decenas de personas se manifestaron frente a tribunales del Poder Judicial de la Federación ubicados en avenida de los Insurgentes en la ciudad de México en protesta por lo que consideraron una serie de violaciones a los derechos humanos en el proceso de extradición que se le sigue a Ramiro Pérez Moreno, recluido desde el 2015 acusado por delitos contra la salud.
Laura Jazmín Maldonado Romero, esposa de Pérez Moreno acusó a diversas autoridades judiciales, incluyendo al juez federal Gerardo Genaro Alarcón López, de actuar de forma ilegal en dicho proceso y acusó una presunta complicidad con la Fiscalía General de la República para manipular el proceso, prohibiendo a su esposo el derecho de presentar y obtener pruebas de manera adecuada, lo que consideró violaciones a los derechos humanos de su cónyuge.
Decenas de personas se manifestaron frente a tribunales del Poder Judicial de la Federación
Jazmín anunció que este caso es solo el comienzo de un movimiento más amplio que busca defender los derechos humanos y luchar contra los abusos en las extradiciones.
La denunciante argumenta que apresurar la extradición busca favorecer intereses extranjeros, específicamente del gobierno estadounidense, y criticó la aplicación de esta ley que, según ella, no protege los derechos humanos de los involucrados.
Además, destacó que su esposo ya fue absuelto en México por los mismos cargos por los que ahora enfrenta la extradición, lo que pone en cuestionamiento la validez y justicia del proceso.
En ese sentido, llamó a todas las autoridades mexicanas, incluidos el presidente Andrés Manuel López Obrador, senadores y diputados, para que respeten el estado de derecho y los derechos humanos de su esposo.
Esta denuncia se suma a otras voces que cuestionan la integridad de los procesos de extradición en México y la presión política que, según afirman, se ejerce sobre los jueces para acelerar estos procesos.
El gobierno federal, que encabeza el Presidente López Obrador, ha cuestionado en diversas ocasiones la intervención de la DEA en México y las presiones que ejerce sobre determinados casos a fin de que se concedan las extradiciones que solicitan.