El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó a la Comisión Permanente un exhorto para que el gobernador de Nuevo León, Samuel García se abstenga de realizar actos de acoso, de represión y abuso de poder en contra de la diputada local del tricolor, Perla de los Ángeles Villarreal Valdez y su familia.

En el Punto de Acuerdo, Moreira expuso que es necesario también que Samuel García deje de hacer uso indebido de las instituciones de gobierno a su beneficio, con el fin de perseguir a quienes representan las fuerzas políticas de oposición en el Estado, lo que causa perjuicios además a terceras personas, así como a la ciudadanía neoleonesa.

En su argumentación, puntualizó, de enero a la fecha, el gobierno del Estado ha emprendido diversos operativos para cerrar negocios de personas cercanas a la diputada local, entre ellas se han visto afectadas, su madre, esposo y familia política. Esto, indicó, solo muestra una franca violación a los derechos y garantías de la diputada Villarreal Valdez.

Moreira Valdez apuntó que de acuerdo a la narración de la legisladora y con videos como evidencia, se observa a personas de las secretarías de Salud, del Trabajo y de la Tesorería del Estado llegar en tres carros, ejerciendo un abuso de poder y procediendo a clausurar los negocios, sin la existencia de ningún procedimiento que justifique tales actos.

Subrayó que estas acciones no sólo afectan de manera directa a la diputada y a sus familiares, sino que también ha provocado que más de 2 mil personas perdieran su trabajo y cerca de 10 mil más fueran afectadas de manera indirecta.

Por estas razones, el exgobernador de Coahuila enfatizó que es imperante que se cumpla con la ley, ya que ni el gobernador, ni los secretarios del estado tienen la autoridad para clausurar algún establecimiento donde los permisos se encuentran al corriente.

“Como gobernador del Estado, Samuel García está obligado a atender y garantizar el bienestar de las y los pobladores, no es posible permitir el ejercicio de actos arbitrarios que atentan contra el imperio de la ley y el bienestar de las personas”, agregó.