Derechos adquiridos en el tema de salud de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación fueron eliminados por una mayoría de 30 diputados de Morena y sus aliados al aprobar la extinción de 13 de 14 fideicomisos considerados por el presidente Andrés Manuel López Obrador como "gastos suntuosos y privilegios", advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luego de que el pasado martes la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobara reformas al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se establece la desaparición de los 13 fondos económicos de apoyo para los trabajadores de este poder del Estado mexicano, el alto tribunal del país precisó que el recorte de 15 mil millones de pesos que representan esos fideicomisos vulnera derechos laborales, además de que limitará garantizar el acceso a la justicia de la población mexicana.

"Al menos seis de los 13 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro", indicó la ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Precisó que alrededor de 60 por ciento de quienes prestan sus servicios en el Poder Judicial de la Federación se verán afectados para atender temas graves de salud.

"Hay un acuerdo que regula el plan de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del PJF, con excepción de los de la Suprema Corte, también expuso que en el Acuerdo General del Pleno se reglamenta la Carrera Judicial.

"Los derechos tutelados en estos instrumentos normativos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el PJF que ya cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso, así como de quienes eventualmente cumplirán con ellos".

Sin embargo, los diputados de Morena y sus aliados del PT y el PVEM declararon la "pena de muerte de los privilegios de las y los ministros de la Corte.

El alto tribunal del país puso a disposición el sitio https://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/administrativa/fideicomisos.htm

https://www.scjn.gob.mx/transparencia/fideicomisos en el se da cuenta de la transparencia del uso del dinero de los recursos públicos.

De manera trimestral se actualiza y publica, no solo en los portales de transparencia, sino también en el Diario Oficial de la Federación.

Entre los fideicomisos que desaparecerán en favor de los trabajadores son los apoyos de tres mil 100 pesos para más de 55 mil personas que trabajan en el PJF., además de estímulos para las celebraciones del Día del Padre y el Día de la Madre, por un monto de 1,000 pesos una vez al año. Por servicio de alimentación (3,700 mdp), personas servidoras públicas dejarán de contar con este apoyo.

Sobre utensilios, se explica que éstos se adquieren a través de la partida 22301, y son para tres comedores que dan

servicio a todo el personal del PJF. Y se incluye adquisición de vajillas, cubiertos, baterías de cocina, licuadoras, tostadoras, cafeteras y vasos, entre otros, que dejan de tener vida útil.

En la partida 35901 (jardines) en ningún caso se destinan a casas particulares de servidoras o servidores públicos, dijo la Corte, sino para dar mantenimiento, fumigación para los inmuebles que albergan las 36 Casas de la Cultura Jurídica en todo el país, y que cuentan con áreas verdes.

Para los inmuebles de la Suprema Corte en la Ciudad de México, incluido el edificio sede en el Centro Histórico, sólo se destinarán 330 mil pesos, exclusivamente para fumigación y control de fauna nociva.

En tema de la gasolina, el PJF prevé gastos para las 230 unidades que conforman el parque vehicular de la Corte y que sirven de apoyo a las labores sustantivas institucionales,

incluido el traslado de personal entre los distintos inmuebles y en las Casas de la Cultura.

Por telefonía, se requieren recursos para 133 para personas servidoras públicas que así lo requieren.

También se verán afectados aquellos juezas y jueces que deben cambiar de lugar de residencia por necesidad de las propias labores del Poder Judicial.

Ante la desaparición de estos apoyos, los partidos de oposición advirtieron que habrá acciones de inconstitucionalidad y "lluvia de amparos".