Con 30 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, dominada por Morena, aprobó el dictamen para extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que representan alrededor de 15 mil millones de pesos en gastos “suntuosos”. El único fideicomiso que se salva es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia.

El dictamen deriva de la iniciativa presentada por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien tras la aprobación de su propuesta comentó: “La Comisión de Presupuesto de la @Mx_Diputados aprobó el dictamen que extingue los fideicomisos del Poder Judicial, que son usados, en su mayoría, para el pago de lujos, privilegios y excesos de los altos funcionarios. Los derechos de los más de 55 mil servidores públicos y trabajadores de este poder están protegidos y salvaguardados. No debe haber jamás pueblo pobre y gobierno rico”, celebró el legislador por Puebla.

De acuerdo con las modificaciones al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “se dan por terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que, en el plazo máximo de ciento veinte días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se suscriban los convenios de extinción o terminación respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables”.

Estos 15 mil millones de pesos forman parte del recorte que Morena y sus aliados harán al presupuesto de egresos de 2024 que solicitó el Poder Judicial de la Federación a la Cámara de Diputados, con un aumento de 4 por ciento más respecto a 2023.

El pasado 25 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo de la ministra Norma Piña Hernández, justificó la existencia de los 14 fideicomisos. Desmintió que se trate de “gastos suntuosos o para privilegios de los 11 ministros”, como acusan el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus diputados.

Se aclaró que el PJF da un apoyo de tres mil 100 pesos para más de 55 mil personas que trabajan en el PJF y requieren adquirir anteojos.

De manera contundente, la Corte expresó que esté apoyo económico es una prestación prevista tanto en el manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, como en las Condiciones Generales de Trabajo suscritas con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

También reviró al diputado morenista Hamlet García Almaguer, quien la semana pasada exhibió que dentro del gasto solicitado por el Poder Judicial se piden estímulos para las celebraciones del Día del Padre y el Día de la Madre, y precisó que las servidoras y servidores públicos que tengan hijas o hijos, de conformidad con los padrones proporcionados por el sindicato de este poder y los registros de la institución, "reciben un apoyo económico de 1,000 pesos una vez al año, independientemente del número de hijas o hijos que tengan. Las personas servidoras públicas beneficiadas en La Corte, según el último padrón, son 984 madres y 1,325 padres".

El presupuesto solicitado para la operatividad de la importación de justicia en el país es de 84,792.4 millones de pesos.

Detalló que para la Corte sólo le corresponden seis mil 6,109.1 millones de pesos (mdp). En tanto, para el Consejo de la Judicatura Federal 74,793.3 mdp. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tres mil 890.0 mdp

"El monto es 4% mayor en términos reales a lo solicitado en 2023 y representa el 0.9% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación", sostuvo en sus aclaraciones.

Para el servicio de alimentación en comedores, la SCJN rechazó que el presupuesto bo es exclusivo para las 11 ministras y ministros integrantes del pleno de La Corte, sino que "beneficia a 3,700 personas servidoras públicas, quienes pagan una cuota de recuperación por este servicio. Al mes (de lunes a viernes) se provee un aproximado de 25 mil servicios de alimentación.

"Se trata de una prestación que no es única del PJF. Diversas dependencias del Ejecutivo federal, organismos autónomos e, incluso, el Poder Legislativo, consideran una previsión para ese gasto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2024, en la Partida de 22104 “Productos Alimenticios para el personal en las instalaciones”. En otros casos, el servicio se contrata a través de terceros por medio de una partida distinta.

Sobre utensilios, se explica que éstos se adquieren a través de la partida 22301, y son para tres comedores que dan servicio a todo el personal del PJF, "no son exclusivamente para las 11 ministras y ministros. Y se incluyen algunos insumos que es preciso reemplazar constantemente como vajillas, cubiertos, baterías de cocina, licuadoras, tostadoras, cafeteras y vasos, entre otros.

Ante los señalamientos de que en el edificio sede de la Corte no hay jardines, el máximo tribunal del país dijo que los recursos previstos en la partida 35901 en ningún caso se destinan a casas particulares de servidoras o servidores públicos.

"En la misma partida se contemplan tanto servicios para dar mantenimiento a jardines como servicios de fumigación para los inmuebles que albergan a las 36 Casas de la Cultura Jurídica en todo el país, y que cuentan con áreas verdes. "Por medio de las Casas de la Cultura Jurídica, la Corte difunde y promueve la discusión de resoluciones o criterios emitidos por la SCJN, y realiza actividades, abiertas a todo público, para fortalecer la cultura jurídica. Para los inmuebles de la Suprema Corte en la Ciudad de México, incluido el edificio sede en el Centro Histórico, sólo se destinarán 330 mil pesos, exclusivamente para fumigación y control de fauna nociva.

En tema de la gasolina, el PJF prevé gastos para las 230 unidades que conforman el parque vehicular de la Corte y que sirven de apoyo a las labores sustantivas institucionales, incluido el traslado de personal entre los distintos inmuebles y en las Casas de la Cultura.

Por telefonía, se requieren recursos para 133 para personas servidoras públicas que así lo requieren para atender de manera oportuna las actividades que se llevan a cabo.

Para seguridad, los recursos para “Servicios de vigilancia”, incluyendo a la Corte, son para garantizar la integridad de personas que laboran en los distintos inmuebles, así como de las personas usuarias del sistema judicial federal y para la protección de los edificios.

"Con los recursos solicitados se podrán contratar esos servicios para más de 930 órganos jurisdiccionales, dentro de los que se encuentran los Centros de Justicia Penal Federal, así como para la seguridad personal de juzgadores encargados de temas particularmente sensibles. En la Ciudad de México, los únicos servicios de vigilancia que se tienen contratados, tanto por la Suprema Corte como por el Consejo de la Judicatura Federal, son la Policía Auxiliar de la CDMX, el Servicio de Protección Federal y, en algunos casos específicos en órganos jurisdiccionales, con la Guardia Nacional", enfatizó el máximo tribunal del país, y agregó que en el resto del país, en aquellas localidades en las que las corporaciones federales no pueden ofrecer el servicio, se privilegia la contratación de policías estatales o, en su defecto, de empresas privadas.

También dijo que la Corte fomenta las actividades deportivas que contribuyen a mejorar las relaciones sociales en el trabajo, promover el apoyo mutuo en la solución de problemas y la comunicación entre el personal.

En la discusión, uno de los principales impulsores a la extinción de los fideicomisos es Hamlet García Almaguer, de Morena, dijo: “Los privilegios del Poder Judicial están en agonía. Lo único que los mantiene vivos es la respiración artificial que le está otorgando la oposición, por eso hoy es un buen día, porque está por terminar. Aprobaremos esta extinción en comisiones”.

El legislador jalisciense solicitó un espacio de 24 horas. Entre la declaratoria de publicidad del dictamen aprobado y de su discusión en el pleno, para que la población tenga tiempo de leer y releer esta “pena de muerte” a los privilegios del Poder Judicial.