México podría enfrentar problemas ambientales luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ordenara al país pagar 37.1 millones de dólares a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration. Esta decisión se origina tras un litigio relacionado con la negativa del gobierno mexicano para aprobar un proyecto de minería submarina en Baja California Sur. Sin embargo, las implicaciones del fallo van más allá de la esfera legal y económica, pues podrían abrir la puerta a un grave impacto ambiental en los ecosistemas marinos de la región.

La minería submarina en Baja California Sur
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El conflicto se remonta al proyecto "Don Diego", propuesto por Odyssey Marine Exploration, que pretendía extraer millones de toneladas de arenas fosfáticas del fondo marino en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. Esta iniciativa, destinada a la producción de fertilizantes, fue bloqueada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que en varias ocasiones (entre 2016 y 2018) denegó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) necesaria para su desarrollo.

El gobierno mexicano ha defendido consistentemente su decisión, citando los potenciales daños irreversibles que la minería submarina podría ocasionar en los ecosistemas de la región, considerados de alta biodiversidad y hogar de especies en peligro de extinción. Sin embargo, la empresa argumentó que la negativa violaba las disposiciones del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que la llevó a presentar una demanda de arbitraje internacional.

Organizaciones ambientalistas advierten sobre posibles riesgos
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Ante la resolución del CIADI, organizaciones como Greenpeace México han levantado la voz en contra de lo que consideran una decisión que prioriza intereses privados sobre la protección ambiental. En un comunicado, Greenpeace expresó su profunda preocupación por el fallo, el cual desacata las decisiones ambientales de la SEMARNAT y pone en riesgo los ecosistemas marinos del país.

Greenpeace advierte que la minería submarina, una industria emergente pero controversial, representa una de las principales amenazas para los océanos y la biodiversidad global. El proyecto Don Diego, de llevarse a cabo, afectaría severamente el fondo marino del Golfo de Ulloa, una zona que alberga especies en peligro de extinción como la tortuga amarilla y diversas poblaciones de cetáceos.

Entre los principales riesgos ambientales que subraya Greenpeace está la contaminación acústica y lumínica que la minería submarina genera, afectando la capacidad de las ballenas y otros cetáceos para comunicarse, lo cual podría tener graves repercusiones en su conservación. Además, el proceso de extracción de arenas fosfáticas provocaría la remoción directa de hábitats marinos, alterando ecosistemas frágiles que, debido a la lentitud de su crecimiento, tendrían mínimas posibilidades de recuperarse.

El impacto de la minería submarina no se limita a los daños inmediatos en los ecosistemas locales. Greenpeace señala que esta actividad también podría empeorar el cambio climático, ya que al remover los sedimentos del fondo marino se liberarían reservas de carbono que están almacenadas en esas profundidades. Este proceso podría interrumpir los mecanismos naturales de captura de carbono, exacerbando los problemas climáticos globales.

La extracción de fosfatos también tendría repercusiones en las comunidades locales que dependen de la pesca como su principal fuente de sustento. La alteración de los ecosistemas podría reducir las poblaciones de peces, afectando directamente a estas comunidades y generando una nueva fuente de tensión social en la región.

El fallo del CIADI sienta un precedente alarmante para futuros conflictos entre la protección ambiental y los intereses económicos. Para Greenpeace, el arbitraje ha favorecido a una empresa privada sin considerar las implicaciones a largo plazo para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de los océanos. Esto podría dar pie a que otros proyectos de minería submarina alrededor del mundo obtengan respaldo legal para explotar recursos marinos, a pesar de las advertencias científicas sobre los peligros de esta práctica.

El desafío legal y ambiental para México
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El gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y Medio Ambiente, ha señalado que agotará todos los recursos legales para anular el fallo del CIADI, defendiendo su derecho a proteger sus recursos naturales. No obstante, el proceso legal podría ser prolongado y costoso, mientras que las implicaciones ambientales y sociales del proyecto Don Diego continúan generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

Este caso plantea una disyuntiva compleja: cómo equilibrar el cumplimiento de acuerdos comerciales internacionales con la protección del medio ambiente. La decisión final no solo afectará la soberanía ambiental de México, sino también la viabilidad futura de la minería submarina y la conservación de los océanos en el mundo.