La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) solicitó una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) con el fin de exponer de manera temática el estado crítico de la independencia judicial en la región latinoamericana, y la pretensión del gobierno de México de debilitar el sistema de justicia con una reforma que el impulsa la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto popular.

“La presente solicitud de audiencia es presentada por la Federación Latinoamericana de Magistrados FLAM y el Cyrus R. Vance Center for International Justice”, cuya petición está firmada por el juez Marcelo Gallo Tagle.

Subrayó que en México, el Poder Ejecutivo promovió a inicios del año 2024 un proyecto de ley, proponiendo una modificación a la Constitución en la cual, entre otros aspectos, impulsa la elección popular de los jueces; utilizando mecanismos que permitan el voto de la ciudadanía para la elección de los magistrados que integran el Poder Judicial. Equipara esta metodología a la elección popular de los cargos políticos que habrán de integrar los otros poderes del Estado.

“Este avasallamiento persigue modificar el sistema actual de México en el cual el juez es designado por nominación del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Esa selección observa la carrera judicial del nominad, sus capacidades, antecedentes e idoneidad para el cargo propuesto. Este proyecto no sólo propone que el sistema de voto popular sea aplicado a todos los magistrados (desde los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, hasta los jueces estaduales). También postula su aplicación en forma retroactiva. Este último supuesto importa un mecanismo solapado de remoción de jueces, desde que avasalla los derechos adquiridos por aquellos magistrados designados por el sistema constitucional vigente al momento de su designación”.

La Federación latina de magistrados advierte que actualmente Perú vive una grave crisis institucional que pone en riesgo el Estado de derecho y, por ende, a la democracia. Esto se ha dado a consecuencia de una ruptura y violación del principio de la separación y división de poderes por una alianza de facto entre un grupo político y sus aliados del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En ese sentido, no existe el sistema de pesos y contrapesos. Esta alianza se ha realizado con una finalidad concreta que es lograr el avasallamiento del Sistema de Justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura y Junta Nacional de Justicia).

Por ello, aseguró que el objetivo de la audiencia es transmitir “al honorable CIDH información” relevante sobre la situación general de la independencia de la judicatura, y los ataques a este principio fundamental del Estado de derecho en los países de la región latinoamericana.

“El 2 debilitamiento de las instituciones de justicia incide directamente en el derecho al acceso a una justicia independiente e imparcial de las ciudadanas y ciudadanos de la región. Esa actual unificación de facultades jurisdiccionales como administrativas, en temas de nombramientos y control de la responsabilidad funcionaria en manos de la Corte Suprema de Justicia constituyen una amenaza a la independencia Interna de las juezas y jueces”, remarcan los magistrados.