La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes por unanimidad, imponer medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por su declaraciones contra la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, lo que fue considerado como violencia política de género.

La Comisión del INE dio respuesta a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del pasado 2 de agosto, que sin citar a sesión pública y por mayoría de votos, revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano autónomo, por el que había determinado improcedentes medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez, en su carácter de ciudadana, senadora y aspirante a ser la responsable para la construcción del “Frente Amplio por México”, en contra de López Obrador y diversos servidores públicos.

La consejera Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, subrayó que las mujeres no tienen por qué aguantar actos de violencia, por muy sutiles que sean. “Yo no creo que en política tengamos que aguantar nada y justamente la denuncia es una de las partes importantes para evidenciar cualquier tipo de violencia, cualquier manifestación de violencia, incluso la que se ejerce con las acciones más sutiles”.

“Los logros de una mujer no tienen que ver por el apoyo de un grupo de hombres y menos de una mujer con liderazgo político que ahora está participando en un proceso político en el que pone, desde su origen y cuál ha sido su trayectoria. Descalificar, sí significa un acto de violencia; invisibilizar a las mujeres, sí significa un acto de violencia, el no reconocer a las mujeres en su propia trayectoria es violencia, se llama violencia simbólica”.

La funcionaria del órgano electoral aseveró que descalificar o invisibilizar a una mujer, como hizo el presidente López Obrador con sus expresiones sobre la senadora Xóchitl Gálvez sí constituye violencia política de género.

Con base en el fallo del INE, Presidencia tendrá que eliminar el material de video, audio y estenográfico de las conferencias del 10, 11, 14 y 17 de julio en un plazo de 12 horas.

Asimismo, se aprobó una tutela preventiva, con el objetivo de que el mandatario “se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa”.