"Se necesita de la Marina y del Ejército en seguridad pública": Arturo Zaldívar
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el análisis de la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores para que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional
análisis de adsCRIPCIÓN DE LA GN A LA SEDENA
Arturo Zaldívar, ministro de la Corte,, defendió la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena.
Al arrancar el análisis de la acción de inconstitucionalidad presentada por diversos senadores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el ministro Arturo Zaldívar defendió las labores de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ante el “enorme desafío en materia de seguridad pública que enfrenta el Estado mexicano por una delincuencia organizada, exacerbada”, dijo el expresidente del máximo tribunal del país.
"Se necesita de la Marina y del Ejército", destacó el funcionario.
Los ministros continuarán con el debate de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena a partir de los principios constitucionales permeados por la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos respecto de los artículos impugnados.
Junto con Arturo Zaldívar, la ministra Yasmín Esquivel también perfila su voto contra el proyecto de resolución presentado por el ministro Juan Luis González González Carrancá.
La ministra presidenta Norma Piña Hernández felicitó al ministro ponente por la resolución que expone al pleno. “El proyecto se desarrolla bastante lógico, bastante fundado con una investigación exhaustiva, al margen que podamos compartirlo o no, es un excelente proyecto y quiero felicitarlo a él y a su equipo”.
Piña Hernández refirió -al estar de acuerdo con el proyecto- que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido criterios en relación con la estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales, dado que el régimen propio de las Fuerzas Armadas no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles.
“Es fundamental optar por un entendimiento estricto en el que las funciones de seguridad ciudadana son de la competencia exclusiva de autoridades civiles y que a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea claramente distinta, la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas”, se pronunció la ministra.
González Carrancá expuso que su propuesta es declarar la invalidez del artículo 29, “y ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la invalidez de los artículos referentes a “la Defensa Nacional”, de la Ley de la Guardia Nacional.
Destacó que se detectó la inconstitucionalidad del artículo 4° de la Ley de la Guardia Nacional, por lo que señaló que éste debe seguir afirmando que la Guardia Nacional es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Protección Ciudadana. El proyecto considera que esa disposición quedaría vacía a la luz de las modificaciones realizadas por el Poder Legislativo, pues dicha Secretaría no mantiene ya ni presupuesto ni los recursos humanos ni la nómina competencial sobre la organización del mando y la dirección misma de la Guardia Nacional al quedar adscrita a la Defensa Nacional.
Yasmín Esquivel Mossa manifestó su defensa de la estrategia del gobierno de la 4T -al que es afín-, y destacó que la Guardia Nacional sigue bajo los parámetros de la política pública en materia de seguridad que aplica la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“La facultad de formular la estrategia nacional de seguridad, así como la propuesta del Programa Nacional de Seguridad Pública y ejecutar, en el marco de sus atribuciones, las políticas, los programas, las acciones, así como el programa sectorial correspondiente, con el fin de coadyuvar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden público y la paz, y proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y la congruencia de ésta, entre las diferentes dependencias de la administración pública federal, siguen a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, dijo Esquivel Mossa, quien pidió no declarar la invalidez de la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena: "Hagámoslo por México".
Este martes tocará el turno al resto de ministros que conforman el pleno para vertir sus opiniones respecto a resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición.