Con la deportación de venezolanos que puso en marcha el gobierno de los Estados Unidos estamos en vísperas de una nueva situación grave de violación de derechos humanos y de los tratados internacionales en materia de refugiados que profundizará las condiciones de vulnerabilidad que se vive en las ciudades fronterizas del norte y sur de México.

Así lo advirtió Save the Children quien pidió al gobierno mexicano revisar su política de cooperación con el gobierno estadounidense, ya que aceptar el “Proceso para Venezolanos”, como parte de negociaciones internacionales, puede poner en riesgo la seguridad humana de las personas en movilidad, y derivar en crisis humanitarias.

“Medidas como estás han sido las causantes de diversas crisis en materia de derechos humanos y humanitarias, toda vez que no se realiza una evaluación de necesidades ni se toman en consideración medidas de protección para las personas que serán afectadas. Las políticas que se toman e implementan de la noche a la mañana causan confusión y estrés en la población, y les arrebatan la oportunidad de prepararse, dejándolos a la deriva.”, advirtió el coordinador de Incidencia Política para la Protección de la Niñez, de Save The Children, José Lugo

La organización evidenció las contradicciones de este programa para venezolanos pues contempla la recepción de 24 mil personas venezolanas en Estados Unidos; sin embargo, tan solo de enero a agosto de 2022 se estimó que 25 mil 486 personas ciudadanos de ese país, ingresaron irregularmente a México y 23 mil 614 tienen algún estatus migratorio temporal o permanente.

La medida indica que las personas venezolanas solo podrán ingresar y permanecer hasta dos años en los Estados Unidos -si es que se respetan las mismas reglas que se utilizaron en el programa para recibir a las personas ucranianas que huyeron de la guerra-, aquellas que sean pedidas por una persona u organización que fungirá como su patrocinador.

Es decir, que se haga cargo financieramente, siempre y cuando este y la persona migrante, cumplan con ciertos requisitos. En el caso de personas menores de edad, deberán viajar con un padre o tutor legal para poder usar este proceso de entrada temporal a Estados Unidos.

Por ello pidieron al gobierno mexicano defina de manera inmediata un plan de respuesta humanitaria y los recursos suficientes para acoger a las personas que serán afectadas por esta política. Ello implica ampliar la capacidad de los servicios de salud, educación, empleo, seguridad.

Asimismo promover que los apoyos que recibirá México de los Estados Unidos no se limiten a la entrega de 65 mil visas H2-B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20 mil estarán destinadas para personas de Centroamérica y Haití, ni a reforzar la seguridad fronteriza.