El conflicto con potentes armas entre grupos delictivos de las facciones del Cártel de Sinaloa ha escalado en esta entidad hasta la descripción de un “territorio de guerra” que este lunes se cobró la vida de otro militarde contener, cuya institución trata de contener los cruentos enfrentamientos que han sido reforzados por más hombres ataviados con equipo táctico.

Este lunes se cumplen ochos días de haberse declarado el exterminio mutuo entre las facciones de "Los Chapitos” y Los Mayitos”, conflicto violento que derivó luego de cumplirse más de un mes después de las detenciones en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López dijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, a quien se considera el máximo líder del Cártel de Sinaloa.

En medio está la población que dejó las calles para guarecerse en sus casas con cada día en el que se resta el abasto de comida, con negocios cerrados, escuelas sin clases y un alcalde culichi del que no se tiene noticia a nivel municipal, pero tampoco del gobernador morenista Rubén Rocha Moya, que la noche del 15 de septiembre casi en solitario dio el Grito de Independencia, con motivo de un aniversario más de la gesta heroica de México.

En chats de whastapp los culichis reprochan que “hoy no hay héroes que les dieron patria”.

Reclaman a los tres órdenes de gobierno intervenir para devolver la tranquilidad al estado, cuyo conflicto intestino se ha extendido a territorios vecinos como Durango y Nayarit.

El conflicto entre las escisiones del cártel dejó este lunes a un elemento más del Ejército mexicano sin vida.

Aunque las autoridades del gobierno federal y de la propia institución castrense no han actualizado el número de bajas, se habla de más de cuatro militares que han perdido la vida en una semana de fuego cruzado entre los grupos delictivos y cuya actuación busca contener que continúe el exterminio entre los delincuentes.

“Se recibe reporte de detonaciones de arma de fuego en La Campiña, en Culiacán, es una agresión a personal militar por civiles armados. Información en proceso”, de acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad del estado.

Más tarde se precisó que un elemento castrense murió.

Aboga ANIES por universidad estatal que alerta por amenaza a su autonomía salpicada de sangre

En este escenario de fuego cruzado, los conflictos sociales no paran, pues dentro del exterminio declarado entre las escisiones del Cártel de Sinaloa, autoridades universitarias exhiben al Congreso estatal, que domina Morena, de no intervenir en su autonomía, luego de que se dio a conocer que los diputados locales han emprendido una campaña para que se lleve a cabo una consulta a la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa respecto a la elección del rector de la casa de estudios y de otros cargos dentro la institución.

Incluso la UAS recurrió a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ante la que expresó su profunda preocupación por las acciones recientes del Congreso del estado de Sinaloa, que llevó a cabo una consulta a la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) con el fin de reformar su Ley Orgánica.

Esta "consulta a la comunidad universitaria de la UAS para reformar su Ley Orgánica" fue realizada los días 11, 12 y 13 de septiembre.

En un pronunciamiento público, el Consejo Nacional de la ANUIES recordó que los procesos legislativos relacionados con las leyes orgánicas de las universidades autónomas deben respetar “de manera irrestricta las facultades y garantías previstas en el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

De acuerdo con la Ley General de Educación Superior La ANUIES hizo un llamado al Congreso de Sinaloa para reconsiderar la legalidad de la consulta efectuada con objeto reformar la Ley Orgánica de la UAS y acatar las sentencias emitidas por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa y el Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito.

Subrayó que toda consulta, en respeto a la autonomía universitaria, debe ser organizada por los órganos universitarios establecidos, con las formalidades estipuladas en su Ley Orgánica, estatutos y reglamentos.

Este pronunciamiento refuerza la postura de las universidades del país en defensa de la autonomía, principio clave para su funcionamiento libre de injerencias externas.