E

l triunfo de Andrés Manuel López Obrador sin duda marcará un punto de inflexión en la historia política de México. El inédito bono democrático con el que llegará al poder con su Movimiento de Regeneración Nacional, le da un enorme margen de maniobra para implementar su tan mencionado Proyecto de Nación 2018-2024.

Romper el establishment o acabar con la “mafia del poder” y eliminar la corrupción fueron su derrotero durante su larga campaña a la Presidencia, que más allá de sus importantes ganancias electorales, junto con sus líneas discursivas exacerbaron y polarizaron a la sociedad mexicana. Por si algo nos faltaba, ante la creciente espiral de la inseguridad como resultado de las actividades de la delincuencia organizada y el narcotráfico, y desde luego una política de seguridad que no dio los resultados esperados, hoy los mexicanos estamos enrolados en una “lucha de clases” en pleno siglo XXI.

Los ricos que conforman la mafia del poder y los pobres —representados en el Presidente Electo— son los nuevos antagónicos en la visón y redefinición del rumbo del país. Aunque de acuerdo al perfil de los 30 millones de votantes que respaldaron su proyecto, la mayoría se caracterizó por tener un nivel de escolaridad de universidad o mayor e ingresos de más de 15 mil pesos, que no necesariamente son los más pobres.

Lo cierto es que tuvo un amplio respaldo de todos los niveles socioeconómicos y, sobre todo, tiene la gran oportunidad de iniciar su “Cuarta Transformación”. Sin embargo, el Presidente Electo se ha empeñado en seguir generando polémica, encono y división. Si bien hoy se tiene la oportunidad de lograr la tan anhelada transición de la democracia representativa a una democracia participativa, con mecanismos de consulta, referéndum, plebiscito y revocación de mandato. La manera en que está manejando estos instrumentos de democracia directa es totalmente parcial, mediática y sin sustento jurídico.

Por ejemplo, en su campaña prometió someter a consulta su permanencia en el cargo al tercer año de gobierno o revocar su mandato, lo cual es imposible en razón de que no está normado por ninguna ley. Recientemente anunció que la sociedad mexicana también deberá decidir, mediante consulta, si se construye o no el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), desestimando el procedimiento y los plazos estipulados en la Ley Federal de Consulta Popular.

Si bien como Presidente de la República y con la mayoría con la que cuenta en las Cámaras puede solicitar la consulta popular conforme a la ley, el artículo 13 establece que es a partir del primero de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura cuando se presenta la petición. Además, el artículo 8 refiere que la consulta popular se realiza en elecciones federales. Tomando en cuenta estos preceptos, y pensando que la Suprema Corte de Justicia avalará dicha solicitud, la consulta para la construcción del NAIM tendría que ser en el 2021, a la mitad de su sexenio.

Tomando en cuenta que aún no toma protesta como presidente constitucional, y que llevar a consulta popular la construcción del NAIM le tomaría tres años, habría que preguntarse si es necesario este desgaste tan anticipadamente y cuáles son sus razones para seguir alimentando el clima de polarización.

La confianza que le dio buena parte del electorado —­aunque no fue la mayoría empadronada— da sustento a la democracia representativa. Por ello le corresponde como máximo representante de la República asumir una postura respecto al NAIM basada en la legalidad y con argumentos técnicos.

Distraer a la ciudadanía con eufemismos, retórica y polémica es un despropósito, y una falta a su palabra empeñada de que: “A partir del primero de diciembre del 2018 habrá un Estado democrático de derecho. Se aplicará al pie de la letra el criterio de que al margen de la ley, nada; y por encima de la ley nadie…” Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero primero está la ley.

Senadora de la República

Michoacán de Ocampo

@RocioPinedaG