El reporte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, que detalla los flujos financieros de "Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, AC" (MCCI), confirma lo que ya sabíamos todos: que utiliza recursos públicos contra los intereses de la mayoría de los mexicanos.

Según el informe, presentado en una mañanera presidencial, entre 2018 y 2023 el gobierno de Estados Unidos depositó más de 96 millones de pesos en las cuentas de MCCI, lo que representa casi la quinta parte de todos los recursos recibidos por esta organización durante ese periodo, que ascienden a más de 500 mdp.

La magnitud de estos depósitos ha generado una gran controversia, ya que la organización fue fundada por Claudio X. González Guajardo, el empresario conocido por organizar la Ola Rosa y su cercanía con los partidos de derecha en México, especialmente con el PAN y el PRI, a los que sumó al PRD.

De hecho, Claudio X. González Guajardo fue quien concretó esa alianza opositora para las elecciones del pasado 2 de junio, con el objetivo de enfrentar a las fuerzas democráticas que actualmente gobiernan el país.

Y no sólo eso. Su cuenta de X, antes Twitter, lo exhibe como promotor estelar de la campaña fallida, pero en la que la derecha gastó miles de millones de pesos en redes sociales, para tratar de ligar con el narcotráfico al mandatario mexicano y a la presidenta electa.

Esa relación, abierta y frontal contra el gobierno de la 4T, ha llevado a cuestionar los verdaderos intereses detrás de MCCI y su disfrazada lucha contra la corrupción y la impunidad.

Lo grave es que, tratando de hacerse pasar como un grupo de mexicanos interesado en defender las mejores causas sociales y el interés público, MCCI se registró como una asociación civil para recaudar cientos de millones de pesos, eludir impuestos y encubrir sus verdaderos intereses políticos y económicos, contrarios al interés público.

La información revelada por Pablo Gómez confirma que MCCI utiliza los recursos recibidos de fuentes extranjeras para influir en la política mexicana en contra de los intereses democráticos del país.

Es inconcebible que una organización no gubernamental que se beneficia de exenciones fiscales en México, utilice los recursos para socavar la voluntad del pueblo mexicano, en lugar de contribuir verdaderamente a la lucha contra la corrupción.

Además, se ha denunciado el papel de Amparo Casar, la actual dirigente de MCCI y ex coordinadora de asesores del exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Creel.

Tan sólo ella ha recibido más de 26 millones de pesos en sueldo en cinco años, pero las sospechas de corrupción se corroboran cuando se documenta que Casar, también se benefició de manera ilegal al recibir 31 millones de pesos por haber logrado, subrepticiamente, que se dictaminara como accidente de trabajo el suicidio de su esposo en instalaciones de PEMEX, tras tres meses de laborar en la paraestatal.

Este hecho puso al descubierto la absoluta carencia de ética y el tráfico de influencias en situaciones personales y profesionales de Casar, quien aprovechó sus influencias como funcionaria del gobierno de Vicente Fox.

La situación se agrava con la denuncia de que MCCI paga entre medio millón y hasta 3 millones de pesos por la realización de investigaciones periodísticas, lo que levanta suspicacias sobre la inflación de costos y la utilización indebida de recursos.

Además, se ha informado que existen depósitos realizados por MCCI en bancos suizos, lo que añade una capa más de misterio y sospecha sobre el manejo de los fondos.

La UIF ha señalado que se necesita una investigación exhaustiva para determinar si los más de 500 mdp que ha recibido MCCI han sido utilizados para financiar campañas difamatorias contra el presidente López Obrador y la excandidata presidencial Claudia Sheinbaum, quien es ahora la presidenta electa de México.

No es la primera vez que la derecha mexicana, encubierta bajo el manto del altruismo y la filantropía, crean organizaciones no gubernamentales para hacer fama, política y robar recursos públicos, privados y de otros países.

A mediados de este sexenio fueron denunciadas las operaciones de la exlegisladora del PAN, que se hacía llamar Rosi Orozco, quien se ostentaba como defensora de las víctimas de trata de personas y fundaría junto con su esposo las asociaciones civiles: “Comisión Unid@s Contra Trata” y “Casa Sobre la Roca”, AC, en las que recibió cientos de millones de pesos de gobiernos locales, extranjeros, empresas y particulares.

Se supo que toda la familia Orozco vivía de las donaciones y contratos millonarios que recibían sus empresas y al parecer se refugió fuera del país, luego de que se levantaran denuncias sobre violaciones de menores en las casas que le había entregado el gobierno de Enrique Peña, según, para resguardar a las víctimas de trata.

Por todo lo anterior, el gobierno de México tiene que ir a fondo y, no solo protestar ante Estados Unidos por financiar organizaciones que operan abiertamente contra los intereses nacionales.

Se tiene que profundizar, investigar, supervisar y obligar a las organizaciones que viven de las donaciones privadas y públicas a transparentar su quehacer, precisar sus actividades y determinar si pueden ser consideradas como auténticas organizaciones filantrópicas.

Veremos si se logra desterrar la doble moral en las ONGs.