El Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra en una crisis que ha trascendido de lo privado a lo público; así ha quedado evidenciado en el desarrollo de las más recientes sesiones del Consejo General.

Como recordarán, la división entre las consejerías se empezó a hacer más evidente desde la sesión en la que fue aprobado el Acuerdo de Consejo General en el cual fueron asignadas las diputaciones plurinominales al Congreso de la Ciudad de México, en el que, en una votación dividida, pero mayoritaria, ese órgano electoral aceptó que 7 diputados electos de mayoría por el partido Morena, dijeran que pertenecen a otro de la misma coalición electoral (unos al PT y otros al PVEM); de esa manera, el Partido Morena alcanzaba más curules plurinominales a costa del resto de los partidos.

Esta división, que no debería trascender de una sesión en la que se manifestaron sanas diferencias de criterios en cualquier órgano colegiado, se volvió a apreciar en el desarrollo de una sesión extraordinaria celebrada el pasado 5 de agosto, en la cual fue sometido al Consejo General un Acuerdo para que, a dos meses de concluir la integración de las Comisiones del Instituto, fuese cambiada la integración de la Comisión de Quejas, a solicitud de uno de los Consejeros que la integran y que manifestó su voluntad de no pertenecer más a ella.

Los argumentos: pérdida de confianza en el Secretario Técnico de la Comisión y el área ejecutiva que elabora los proyectos que conoce la Comisión de Quejas, la cual, hay que decirlo, tuvo gran importancia durante el desarrollo del Proceso Electoral, pues a decir del propio Instituto, fueron recibidas más de mil 800 quejas.

Esa pérdida de confianza tiene como origen lo que algunas consejerías calificaron como “manipulación” de las firmas electrónicas de quienes integran la Comisión, lo que derivó en una sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que dejó en mal el actuar de la Comisión referida. La Presidenta de la Comisión de quejas, solicitó no usar calificativos que aún no han sido determinados por las autoridades competentes en un proceso de investigación que se ha iniciado y del que, en sus palabras, debe guardarse la secrecía institucional y la presunción de inocencia que priva en el Estado de Derecho.

Dos Consejeras cuestionaron la procedencia legal de dicho Acuerdo, argumentando diversas circunstancias de Hecho y de Derecho, entre ellas, la relativa a que las personas involucradas en estos hechos ya no forman parte de la institución, además de que la separación anticipada de un consejero a una comisión a la que pertenece no se encuentra regulada en ninguna norma.

La sesión subió de tono cuando una de las Consejeras acusó que el solicitante ventiló comunicaciones que se dieron en el ámbito privado de una reunión previa, mencionando además que era la primera de estas que se llevan a cabo desde hace dos meses, dijo, desde antes de la Jornada Electoral, y que habría deseado que esa situación que calificó como delicada para el instituto, se hubiese tratado en este tipo de reuniones previas.

Parece evidente que no es la falta de consensos lo que tiene en serios conflictos al Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino la falta de comunicación, la cual debe ser un elemento imprescindible en cualquier órgano de carácter colegiado.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta

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