Esta semana se anunció la integración del Fondo de Pensiones para el Bienestar en un acto propagandístico en Palacio Nacional y se informó de la operación de la reforma del 1 de mayo pasado a las leyes de seguridad social, que estableció una pensión complementaria a la llamada generación afore, que son aquellos trabajadores que empezaron a cotizar después del primero de julio de 1997.

El sistema pensionario de la ley del IMSS de 1973 es de beneficios definidos y resultó insuficiente para financiarlos y, desde 1997, el gobierno federal paga las pensiones de este esquema con recursos presupuestales y es la causa principal de que el gasto en pensiones contributivas haya crecido exponencialmente y que para 2025 represente más de 1.5 billones de pesos, alrededor del 15 % del gasto total. Hay que señalar que este monto pudiera ser mayor si el saldo de la cuenta individual no fuera la primera de las fuentes de financiamiento de la pensión.

Ahora, el esquema para la generación afore será similar. Un régimen mixto. El trabajador que cumpla 65 años y sea acreedor a una pensión del IMSS o del ISSSTE podrá acceder al Fondo de Pensiones para el Bienestar para obtener, además de la pensión pagado con el saldo de su cuenta individual, un complemento al monto de su pensión, equivalente a su último salario base de cotización, con un tope del promedio de ese salario en el IMSS en 2023, que hoy asciende a $ 16,777.

El modelo aprobado en mayo pasado favorece a quienes se mantienen en el mercado de trabajo formal por lo menos durante 20 años y procede hasta la edad de los 65 años, pero incentiva a no cotizar más de 20 años, es decir, se obtiene lo mismo con esta cantidad de años que con 40.

Lo anunciado, sin entrar a detalles técnicos, ni conocer los estudios financieros y actuariales que sustenta a este complemento de pensión, conduce a concluir que es un sistema solidario en favor de las personas mayores a 50 años, que pertenecen a los estratos de medianos y altos ingresos, tienen cierta estabilidad en el empleo y es ideal para quien cotice un salario cercano a 17 mil pesos antes de jubilarse. Además, iguala sólo a los trabajadores del sector formal de la economía, ya que la generación de la transición y la afore recibirán el mismo tipo de compensaciones con cargo al presupuesto. La “inversión” inicial en el Fondo de Pensiones para el Bienestar será suficiente para los primeros años de pago, tal vez una década, y después el complemento deberá ser pagado con el presupuesto. Esto puede llevar a que el gasto en pensiones represente en 2030 el 7 % del PIB, según los cálculos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

El parche del sistema no es solidario con los jóvenes, quienes tendrán que soportar más carga pensionaria via el gasto que ascenderá, respecto a las pensiones contributivas, al 20% del presupuesto, sin que haya certidumbre del financiamiento de sus pensiones en el 2050 y para los trabajadores de bajos ingresos o no permanencia en el mercado laboral formal. También, hay que señalar que la reforma del 2020, que aumentó las cuotas patronales del IMSS, es un incentivo para la subdeclaración respecto a los trabajadores con sueldos superiores a 17 mil pesos o a la no inscripción de los trabajadores que tengan más de 1000 semanas de cotización.

El 1 de julio de 2024, 27 años después de que se detuvo el crecimiento exponencial del pasivo laboral de los sistemas pensionarios, que eran de reparto por la inexistencia de reservas para su pago, renace el modelo de beneficios definidos, sin financiamiento suficiente para sostenerlo en el largo plazo, que reproduce las injusticias hacia los trabajadores de bajos ingresos y a las mujeres, que promete derechos que no puede pagar y aumenta el riesgo de desequilibrio de las finanzas públicas.

Lo paradójico es que la mayor fortaleza del sistema, cuyo nacimiento se anunció, es el ahorro acumulado en las cuentas individuales (6 billones de pesos), que proviene del modelo de aportaciones definidas, y su existencia hacia el futuro depende de la conciencia de los trabajadores, que ese recurso es de su propiedad. Los saldos de las cuentas individuales dan un respiro al gasto pensionario, ya que son la primera fuente financiera de las pensiones, con lo que se disminuye la presión sobre el presupuesto.

La reforma pensionaria del gobierno que culmina atendió, en 2020, un rezago del sistema de aportaciones definidas la baja cotización y el costo de la administración de los recursos y, en 2024, igualó las condiciones de las personas mayores de 50 años, con permanencia en el mercado laboral formal, que pertenecen a las generaciones afore o de transición, pero no da una solución a los jóvenes, ni a los trabajadores de la economía informal, ni de bajos ingresos. Vale.

Profesor de la Universidad Panamericana

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