Las promesas inalcanzables en materia de salud
El pasado 22 de agosto el presidente López Obrador, en su estilo personal de hacer política, anunció una posible reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con base en una promesa reiterada: El año próximo vamos a tener un sistema público de salud de primer orden, de los mejores del mundo, para todos, estamos trabajando para todos" y luego sentenció que presentará “una reforma del ISSSTE, completa, porque queremos dejar un buen sistema de atención para trabajadores (del Estado) en activo y jubilados. El ISSSTE estaba y sigue estando en una situación deplorable, hay un equipo de trabajo para mejorar su situación por completo” (El Universal, 22-08-22).
Instalaciones de un hospital
Durante la conferencia mañanera en la que trató el tema se limitó a describir los defectos y a culpar al modelo híbrido (público-privado) de atención médica en la que la saturación de servicios o la carencia de éstos por falta de ampliación de la infraestructura derivada de la insuficiencia financiera orilló a la subcontratación con particulares. En esta narrativa todo se origina por la corrupción del pasado, pero hoy se está corrigiendo sin haber cambiado nada, salvo el mantra repetido públicamente consistente en el deseo de que alcancemos en los índices de atención a los países nórdicos en materia de salud.
El rescate del ISSSTE, como la mejora del sistema de salud, comienza por destinar más recursos a mejorar la infraestructura y modernizarlo con inversión en plataformas electrónicas, profesionalización de su personal, aumento de salarios y mejora en condiciones de trabajo y un largo etcétera. Lamentablemente, el origen de los males del organismo público es la crónica falta de financiamiento vía el pago de cuotas obrero-patronales que es corregible sin ninguna reforma legal y sólo modificando los tabuladores de percepciones ordinarias de la Administración Pública Federal.
Me explico.
Las percepciones ordinarias, según el manual publicado por la SHCP y la SFP en 2003 son “los pagos que se cubren a los funcionarios públicos por el desempeño de sus funciones, y que resultan de la suma aritmética de los montos correspondientes al sueldo base y a la compensación garantizada”.
Por otro lado, la Ley del ISSSTE, en el articulo 17, establece que las cuotas y aportaciones se efectuarán sobre el sueldo básico, cuyo monto se determina en el tabulador regional con un límite superior al equivalente a diez salarios mínimos. La pensión máxima se fija en Unidad de Medida y Actualización (UMA) que es un monto inferior al cotizado.
El Manual de Percepciones vigentes consigna que el sueldo base tabular son “los importes que se consignan en los Tabuladores de sueldos y salarios, que constituyen la base de cálculo aplicable para computar las prestaciones básicas en favor de los servidores públicos, así como las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social”, que incluyen las prestaciones de atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad, y rehabilitación física y mental, entre otros.
Lo que sucede en la realidad burocrática en perjuicio de los trabajadores del Estado es que el importe del sueldo básico tabular es injustamente poco significativo con respecto al total de sueldos y salarios (percepciones ordinarias) en los niveles de altos ingresos del G al N no representa ni el 30% y en los de bajos ingresos no llega al 50%. Sólo en el nivel más bajo representa el 40%.
En resumen, si el gobierno federal en su Manual de Percepciones publicado anualmente aumentara el monto del sueldo básico tabular dotaría de mayores recursos financieros al ISSSTE para que éste pudiera mejorar los servicios. Esta sencilla acción de reivindicación de los derechos de los trabajadores del Estado no se ha realizado desde el 2019 cuando tuvo la oportunidad el presidente López Obrador de corregir esta injusticia y con ello acercar la atención a la salud a la que se presta en los países nórdicos más allá del discurso.
Sin embargo, hay que señalar, en descargo del presidente, que el costo financiero para el erario de este cambio estructural al tabulador de percepciones es alto y aunque sea muy benéfico para el ISSSTE es perjudicial para las finanzas públicas. De ahí que las promesas presidenciales de mejorar la atención en salud sean inalcanzables. Si hubiera dinero, seguramente el presidente ya habría ordenado el incremento del sueldo básico para aumentar el importe de las cuotas.
Hoy sólo nos queda esperar que se haga público el proyecto de reforma a la Ley del ISSSTE para conocer con precisión el impacto financiero y actuarial de la misma. Hago votos porque sea distinta a la reforma al Seguro Social en la que se incrementó la carga presupuestal futura a las generaciones jóvenes para el pago de pensiones poniendo en riesgo la viabilidad del sistema en el mediano y largo plazos.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
cmatutegonzalez@gmail.com
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx