En las últimas semanas, en el país hemos tenido un fuerte debate en torno a la Reforma al Poder Judicial. Una propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador que entre otras cosas busca disminuir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reducir su periodo en el encargo de 15 a 12 años, la sustitución del Consejo de la Judicatura y plantear nuevas reglas procesales.

Respecto a la nueva integración de la SCJN, además de la reducción de Ministras y Ministros, y la reducción de sus periodos, se eliminan dos Salas y se establece que la Corte sólo sesionará en el Pleno y sus sesiones deberán ser públicas, elimina la pensión vitalicia y señala que sus remuneraciones deberán ajustarse al tope máximo establecido para el Presidente de la República.

En cuanto a la sustitución del Consejo de la Judicatura, se establece un Tribunal de Disciplina Judicial que podrá recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a Ministros, Magistrados, Jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, y un órgano de Administración Judicial que será el responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.

De igual manera establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales; prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Con todo y lo extensa que es ésta reforma, el asunto que más ha causado ruido en la opinión pública es el hecho de que propone la elección de Ministros, Jueces y Magistrados. Parece ser que hay un temor por abrir al pueblo este tipo de decisiones. Irónicamente quienes están en contra de esta reforma, se cierran a permitir formas democráticas en la conformación del Poder Judicial argumentando que se pone en riesgo la democracia.

A una semana del paro por trabajadores de este Poder, y en medio de una agresiva campaña en medios informativos, (sin ahondar en declaraciones extranjeras intervencionistas) estudiantes de Derecho de diversas universidades están convocando a manifestarse contra la reforma. Resulta contradictorio que sean las y los estudiantes, las futuras generaciones de litigantes, ministerios públicos, jueces, magistrados y hasta ministros, se encuentren defendiendo el “statu quo”, herencia de un régimen que ya ha pasado a la historia.

Los paradigmas van cambiando, la opulencia en el servicio público que antes era símbolo de éxito, hoy es visto como una señal de corrupción. La aspiración de tener un familiar en un espacio de decisión para obtener un empleo, hoy tiene nombre y es nepotismo.

Todos se dicen estar a favor de que se combata la corrupción dentro de este Poder, pero se niegan a la posibilidad de que sean los méritos y la trayectoria, elementos para la elección de jueces, magistrados y ministros. Argumentan que esos espacios serán tomados por un partido, pero nadie habla de la hora de asumir nuestro papel como ciudadanía para evitar que esto suceda. Hay quienes dicen que no estamos listos para tomar esas decisiones, mi pregunta sería ¿entonces cuándo? ¿no es tiempo ya de que superemos la democracia de las urnas y entremos a una democracia más participativa en nuestro día a día?

La propuesta ha sido aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, falta que pase al Pleno, a la Cámara de Senadores y de ahí a las 32 legislaturas locales. Todo apunta a que será aprobada, por la amplia mayoría que tiene Morena en el país. Y yo les quiero plantear lo siguiente: Si un partido o una coalición llegó a las urnas con una propuesta de reforma por todos sabida, que fue aceptada al momento de entregarles el voto, ¿En verdad se trata de un intento por implantar el autoritarismo, o se está haciendo valer el deseo de las mayorías por seguir con los principios de austeridad y el combate a la corrupción?