Los sesgos cognitivos en la enseñanza del derecho administrativo
En el V Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, celebrado en Medellín, Colombia, en la Universidad Pontificia Bolivariana del 25 al 27 de septiembre de 2024, tuve la oportunidad de presentar un trabajo sobre los planes de estudio de derecho de instituciones de educación superior mexicanas para identificar las constantes en la enseñanza de los principios y valores del mismo.
A partir del análisis de la justificación, los alcances, los objetivos, el temario y la bibliografía de los programas de estudios disponibles identifiqué que hay un rezago, en la inclusión en la enseñanza del derecho administrativo de las categorías jurídicas del paradigma jurídico teórico-científico imperante.
La investigación partió de la inferencia que la enseñanza del derecho administrativo en México refleja la existencia de los sesgos de anclaje y de grupo, que reproducen la forma de conocer y principios del modelo del Estado intervencionista orientado a la protección y garantías de los privilegios de los gobiernos.
La llamada transformación del derecho público, en específico el administrativo, es un cambio de paradigma tanto en los procesos de creación, aplicación, interpretación y verificación de su cumplimiento como en los de su conocimiento, que consiste en el reconocer la existencia del pluralismo jurídico, el derecho más allá del Estado, y la colocación de la persona en el centro de la acción de los órganos estatales.
Sin embargo, este avance, que implica una reinterpretación sobre ¿qué es el derecho? no se enseña mayoritariamente en México. Los programas de estudio no hacen referencia a los principios de juridicidad (derechos humanos, garantía jurisdiccional, principio relativo de reserva de ley, entre otros), la pluralidad jurídica con fuentes no estatales de los ordenamientos jurídicos y la autonomía como rectora de la organización y funcionamiento de los regímenes políticos.
La nueva “normalidad” científica-doctrinaria que se refleja en la evolución del derecho positivo y la interpretación judicial no se ha reflejado en la enseñanza del derecho administrativo y esto se puede explicar por el sesgo cognitivo de quienes toman la decisión de revisar los planes y programas de estudio para la formación de operadores del derecho o por el docente.
Los planes de estudio institucionales son la principal fuente del sesgo cognitivo de los profesores, quienes, aún en un ambiente de respeto a la libertad de cátedra, son influenciados en el proceso de planeación de su curso por estos. Los contenidos de la asignatura del derecho administrativo, en su primer curso, debieran incluir a las categorías jurídicas vinculadas con la transformación del derecho, lo que no sucede.
La consulta en la red de diversas instituciones arrojó que las instituciones públicas generalmente publican el programa de la asignatura desglosado con bibliografía, pero las privadas no publican el desglose; los programas, en promedio, tienen 8 años de antigüedad y algunos son anteriores a las reformas de la primera década del siglo XXI; la mayoría de los programas carecen de temas específicos de la transformación del derecho, por ejemplo, no incluyen transparencia, rendición de cuentas, organismos constitucionales autónomos, combate a la corrupción, políticas públicas, entre otros, y tienen como bibliografía básica de autores de la década de los ochenta del siglo pasada.
En la década de los noventa del siglo XX, se inició un cambio doctrinal en el derecho mexicano, que elaboró diversas categorías jurídicas para el análisis de una realidad normativa más compleja, que no se enseñan en las aulas universitarias. Los programas de estudio son reproducidos por los docentes por hábito, inercia o reticencia al cambio, que afectan a la generación de competencias de los alumnos para la incorporación en un mercado de trabajo, que requiere operadores jurídicos que conozcan una realidad normativa distinta a la transmitida en las aulas. Esto debe cambiar.
Profesor de la Universidad Panamericana
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