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Como si faltaran actores en el escalofriante escenario de violencia que agobia el país, ahora está incorporada, echándole gasolina al fuego, la población civil, en la forma de grupos de autodefensa.
Irrumpieron estos grupos en un campo donde desde hace rato actúan ejércitos de sicarios y halcones del narco y el crimen organizado, delincuentes del orden común, guardias blancas y cuerpos de seguridad privados, así como militares, marinos y policías de todos colores —muchos acaballados entre el servicio público y la delincuencia—, y hasta guerrilleros por ahora en hibernación.
Se trata de una modalidad en teoría –sólo en teoría— reivindicativa del derecho a la defensa propia, ante la creciente sensación de abandono de los ciudadanos y el total rebase del Estado por la criminalidad.
Aunque, más bien, tales grupos remiten al medievo, porque pervierten el concepto de seguridad pública y, desde luego, son generadores de mayor violencia.
Aun así, las autodefensas están ya bien afianzadas en Guerrero, donde cuentan con total respaldo del gobernador Ángel Aguirre Rivero y desde donde —no se necesita bola de cristal para pronosticarlo— buscarán extenderse, por las buenas o las malas, a todo el país.
Bien pertrechadas por mandatarios de idéntico talante al del guerrerense, quien las considera “una acción muy justa”, y por lo mismo las ha dotado de armas, equipos de comunicación, vehículos, uniformes y dinero para adquirir balas, las autodefensas acabarán alejadas de su misión, cometiendo los mismos actos delictivos que buscan enfrentar.
Incapaz de controlar a cabalidad las distintas fuerzas públicas, cuyos miembros aparecen cada vez con mayor frecuencia en las filas del crimen, ¿podrá el Estado evitar que las autodefensas, manipuladas e infiltradas por delincuentes, o carcomidas por la corrupción, se le salgan de la mano?
El surgimiento de grupos de defensa comunitaria es clara expresión del fracaso de las políticas de seguridad pública, federales y estatales. Por ejemplo, las aplicadas por Aguirre Rivero en su primer turno al bat (1996-99), auspiciado por el PRI.
Y del fracaso también de las políticas del perredista Zeferino Torreblanca, quien intentó solucionar en el papel el problema de la inseguridad y los ya por entonces galopantes grupos de defensa comunitaria, vía el reconocimiento de éstos en una ley de 2011.
En su segunda época, el ahora fanático perredista Aguirre Rivero, incapaz de resolver en la realidad el problema de la inseguridad, se ha echado en brazos de encapuchados. “¡Qué bueno que me ayuden a brindar seguridad!”, les dijo a “policías” comunitarios
—con el tono de quien rinde la plaza—, en un retén en Tixtla.
Con apoyo, entre otros del líder del congreso local, Jorge Camacho
Peñaloza, el mandatario promueve la reglamentación de los cuerpos de seguridad dizque comunitarios, en un estado agobiado por la violencia inaudita, donde la extorsión, los secuestros, las violaciones y ejecuciones son cosa de todos los días.
¡Y hasta les sirve el gobernador de cicerone a los jefes de las autodefensas, encabezados por Bruno Plácido Valero, conduciéndoles por pasillos palaciegos y gestionándoles interlocuciones al más alto nivel en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto!
Con tan eficiente coyote, en reunión con el supersecretario Miguel Osorio Chong, los dirigentes de quienes retienen y buscan someter a juicio sumario más de medio centenar de presuntos delincuentes —algunos miembros de la delincuencia organizada—, se anotaron un enorme triunfo: la autorización de facto para operar, sin capucha pero sin entregar a los retenidos.
Descubrirse el rostro es importante, pero sólo con gran ingenuidad podría decirse que eso basta para garantizar la total ausencia de mafiosos en el ya considerable ejército de miembros de la población civil operante en unos 15 municipios guerrerenses.
En un escenario así, cabe conjeturar si hechos delictivos de alto impacto, tales como los ataques a turistas –la agresión a balazos a Augusto Gómez Cardona y María Patricia Rodríguez, y la violación de seis ciudadanas españolas, en Acapulco— guardan relación con las autodefensas. Bien como comisión directa de éstas o como represalia de bandas afectadas por su irrupción en el escenario regional.
Sorprende el respaldo del ex guerrillero Jesús Zambrano y la dirigencia perredista al gobernador empeñado en desbrozar el camino para consumar algo que ni Felipe Calderón logró: meter en la guerra a la población civil.
Más aún sorprende el PRD en el Distrito Federal tomando distancia de Miguel Ángel Mancera, quien, con sus bemoles, procura el desarme civil, y en Guerrero respaldando con todo a un gobierno promotor del armamentismo.
No nos engañemos. Aun en la candorosa suposición de que los grupos de civiles estuviesen a salvo de la manipulación e infiltración de las mafias, su utilidad para los fines de la seguridad pública se antoja discutible. ¿Tendrán posibilidades de éxito, en situación de desventaja de equipo y armamento, frente a una delincuencia a la cual ni el Ejército regular ha conseguido eliminar?
Con armamento potente, de uso exclusivo del Ejército, esos grupos se convertirán en una descomunal amenaza comunitaria. Y sin éste, estarán tan desamparados como los topiles, de histórico desempeño en tareas de vigilancia en las rancherías y agencias municipales del país.
Las autodefensas servirán a lo sumo para funciones de espionaje e información. Algo así como la institucionalización de la delación, o peor aún, del halconeo.
Servirán los “policías comunitarios” para avisarles por walkie-talkie a las autoridades o a células delictivas amigas que por acá andan tales o cuales sospechosos. Ya sean estos integrantes de un cártel rival, guerrilleros o potenciales amenazas para los poderosos de la región, terratenientes y ganaderos.
En cualquier caso, es obvio, los civiles quedar en la mira y a merced de desalmados criminales.
La seguridad pública compete al Estado. Por bien que suene el cuento chino de la agrupación de ciudadanos comunes para el noble fin de apoyar a las autoridades, se trata en realidad de la incorporación de un actor más a la guerra.
Los ciudadanos verdaderamente interesados en terminar con la atroz violencia que ahoga al país, debemos exigirle al gobierno el cumplimiento de su responsabilidad primordial de garantizarles seguridad personal, familiar y patrimonial de los mexicanos. Todo lo demás es hacerles el juego a los criminales.
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