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Desvincular los derechos de propiedad intelectual del patrimonio cultural; revisar categorías como “patrimonio” en el contexto de los derechos y cosmogonías indígenas; que sean las propias comunidades que decidan sus patrimonios culturales; así como estandarizar trámites, con autoridades y fechas establecidas para obtener algunas autorizaciones son las principales propuestas y solicitudes que se hicieron en la Mesa “Derechos de Autor y Derechos colectivos”.
La abogada Dolores Elvira Franco García apuntó que a partir de la entrada del capítulo tercero de la Ley Federal de Derechos, denominado de las culturas populares y de las expresiones culturales, se infiere la posibilidad de “un procedimiento para la obtención de autorizaciones”. Sin embargo, “no se identifica titular de los derechos de la expresión cultural. Este procedimiento ha sido muy complejo”.
“Presentamos un escrito dirigido a la Secretaría de Cultura y nos hemos enfrentado a que por lo regular nadie identifica quién es la autoridad o persona responsable”, denunció.
Asimismo, el licenciado en danza Óscar Elías Cid Encarnación denunció que existen comunidades a las que no se les reconocen hasta 500 años de tradición dancística.
Desde su experiencia como creador y coreógrafo señaló que en las páginas y trámites de gobierno hay errores que confunden -y no es lo mismo- un estado de la República que una región cultural.
En cuanto a la creación de obras de danza criticó que “no existe un marco o eje lógico para que una comunidad se acerque a registrar su obra, porque se lucraría con el patrimonio inmaterial de la comunidad”.
Además, el formato RPD A01, imprescindible en el proceso de registro de autor. no tiene lógica porque busca registrar a nombre de los participantes una obra que se hereda, agregó.
PATRIMONIO Y PROPIEDAD
Durante la segunda reunión de Consulta Hacia el Programa Sectorial de Cultura, realizada en el Pabellón Escénico (CDMX) se abordaron las observaciones y preocupaciones en torno a defensa y protección del patrimonio cultural, en el marco de una primera sesión que sufrió retrasos de un poco más de una hora, así como una segunda sesión sobre la protección ante retos como la Inteligencia Artificial y el desarrollo tecnológico.
En cuanto a que se divulguen y ajusten nociones en torno a los derechos y la propiedad del patrimonio cultural de los pueblos originarios, la abogada Begoña Cancino Garín señaló que el derecho habla desde una noción muy distinta a la de la colectividad de las comunidades indígenas, que incluye pobladores pasados y futuros, y desde luego no alcanza a proteger un derecho de propiedad industrial.
“Los titulares tendrían que ser las comunidades y aún así existe el riesgo que al término de esas protecciones pasen al dominio público, lo que no puede ocurrir con los derechos que emanan del patrimonio”, ahondó.
“Dejemos de obligar a la propiedad intelectual a que regule cosas que no le corresponden.
La ley de patrimonio cultural está sustentada en artículos específicos de la Constitución, que no son los que sustentan la propiedad industrial, que está prevista para proteger derechos temporales e incluso privilegios en el caso de derechos de autor”, continuó.
Otros participantes dijeron estar de acuerdo con estos apuntes. “Nuestros derechos de patrimonio cultural no pueden caer al dominio público y no se le puede aplicar un criterio autoral a estos derechos”, expresó el abogado Kiyoshi Tsuru Alberu.
En ese sentido, la propuesta de la abogada es una campaña de sensibilización y educación en cuanto a los derechos indígenas - que es lo que se protege a través del patrimonio cultural- así como fomentar la integración de la sociedad civil general, para que no recaiga la responsabilidad únicamente en el gobierno y pueblos indígenas.
“Promover el entendimiento de que no son equivalentes los derechos indígenas del patrimonio cultural a los derechos de propiedad intelectual, ni tampoco están subordinados” le pareció un punto urgente, además de la creación de mecanismos de alineación entre leyes.
De modo que “se comuniquen la Ley de Patrimonio Cultural, Propiedad Industrial y la de Derecho de Autor en un mismo tono, que no se empiecen a generar diferentes narrativas”.
Además, la abogada recordó que corresponde únicamente a las comunidades determinar su patrimonio cultural.
MESAS DE TRABAJO
Las “Reuniones de Consulta hacia el programa sectorial de Cultura” iniciaron el pasado martes 7 de enero, en la Biblioteca Vasconcelos (CDMX) y concluirán en el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave de Xalapa, se llevará a cabo la mesa “Educación artística y Estudios superiores” con temas como Educación inicial en artes, Nuevas perspectivas en la educación artística media superior y superior, así como los desafíos de la investigación en educación artística.
El aforo máximo de cada reunión es de 70 participantes en modalidad presencial y en línea. Cada persona tiene alrededor de 3 minutos para presentar sus propuestas, a título personal o a nombre de asociaciones, colectivos o grupos creativos de trabajo.
Todas las sesiones se transmiten en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.