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Generar redes de investigación, de procuración e impartición de justicia que impida y detecte las redes de tráfico de arte que a través de la compra-venta propicia lavado de activos o financiamiento de terrorismo, fue una de las conclusiones que se planteó en la reunión regional “El uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades” de la que México fue el país anfitrión.
“Vimos como problemática creciente el tráfico de arte y arqueología para el lavado de activos o financiamiento de terrorismo y eso reunió a varios países y permitió entender mejor las necesidades y requisitos de cada actor, de identificar retos legislativos y prácticos a nivel global, regional y nacional”, indicó Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México.
El diplomático comentó que los materiales informativos creados en esta reunión se compilarán en un manual y serán publicados antes de la siguiente reunión que se celebrará en Asia.
“Es necesario hacer lazos de cooperación duraderos tanto con las aduanas, la Interpol, los expertos que ahora han participado y con la Unión Europea, lazos sobre todo entre la región de América Latina ya que comparten retos comunes y buscan combatir las mismas redes de criminalidad”, dijo.
En su participación, Sandino Luna, director general de asuntos normativas e internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reconoció que más allá de abordar temas de finanzas ilícitas y recuperación de activos, México estuvo motivado a ser anfitrión porque en el país existe un riesgo de mercado negro.
“Estamos a punto de concluir, comandada por la UIF, nuestra Evaluación Nacional de Riesgos como país y el ámbito que sí consideramos como un sector vulnerable y susceptible de lavado de dinero es el ámbito de las transacciones que se realizan en torno de bienes culturales artísticas”, señaló.
Luna comentó que ese ámbito es “enorme” en términos de medición económica.
“Es uno de los ámbitos de mayor riesgo, aún con cifras preliminares pero a punto de concluir, eso nos reforzó la idea de que teníamos que revisar nuevamente cuál es el papel que cada una de las autoridades debiese cumplir para evitar ese riesgo y frente a la serie de acciones que el gobierno de México tomaba y que son publicitadas con la recuperación de diversos activos culturales que se andan moviendo de manera ilícita en todo el mundo”, afirmó.
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