Búsqueda
Después de la Ciudad de México, Mérida es el segundo conjunto urbano más importante de carácter histórico, cuenta con 8.9 kilómetros cuadrados de amplitud y tiene una alta densidad de monumentos, 3 mil 906 edificaciones protegidas. Sin embargo, la conservación y el acceso a beneficios es inequitativo, en parte, porque los gobiernos no consensúan los proyectos de desarrollo.
Así lo expresa en entrevista Marco Tulio Peraza Guzmán, arquitecto y académico de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a propósito del libro “Centros históricos del sureste de México. Patrimonio edificado, sociedad y medio ambiente”, donde 18 investigadores detallan las problemáticas que enfrentan los centros de Oaxaca, Campeche y Mérida.
“Los centros históricos del sureste han tenido cambios muy importantes a lo largo de las últimas décadas y han impactado sus funcionamientos, usos de suelo y el papel actual de las ciudades tienen un desarrollo más orientado hacia funciones de naturaleza terciaria, particularmente turísticas, recreativas y culturales”, expresa Peraza Guzmán.
El investigador comenta que desde la década de los 70, un rasgo visible ha sido la regeneración urbana a través de inversiones gubernamentales y privadas.
“Esto ha traído beneficios porque se ha renovado una gran cantidad de parques, calles y circuitos turísticos, pero también ha traído la gentrificación que pone en venta y compra a los antiguos inmuebles artísticos, en el caso particular de Mérida este proceso de compraventa en el centro histórico ha sido muy acusado”, indica.
Esas adquisiciones se dan por parte de extranjeros, principalmente de estadounidenses y canadienses, pero también de mexicanos de clase alta y media que ocupan Mérida como su segunda residencia, en especial quienes huyen de la violencia en el centro y norte del país.
En el Centro Histórico de Mérida, añade Peraza Guzmán, hay una dicotomía de desarrollo: en el sur hay mucha vivienda y pocos servicios, además de que los beneficios no llegan con la misma rapidez ni proporción que en el norte, donde hay poca vivienda y muchos servicios. Lo ideal es que exista un equilibrio, señala.
ACTUALIZAR LA LEY
Un tema que aborda el arquitecto es la necesidad de reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para ampliar el término de protección patrimonial.
“Esa Ley es de 1972, en México no se ha podido hacer una nueva ley desde hace 50 años. Eso ha significado la existencia de rezagos sobre todo asociados a las nuevas consideraciones conceptuales, de ver al patrimonio más integral, no sólo como un monumento, como algo aislado, como arquitectura descontextualizada de su entorno o de las actividades de la sociedad. Se debe tener una visión más integral donde se contemple al patrimonio intangible”, señala.
Aunque hay reglamentaciones municipales que incluyen a los barrios en la poligonal de protección en los centros históricos denominados zonas de monumentos, Peraza Guzmán indica que hace falta una ley estatal de conservación del patrimonio.
“Por motivos de naturaleza política y sindical no se ha podido hacer una reforma a la Ley, entonces no se han actualizado los criterios para fijar los límites de las zonas patrimoniales, las estipuladas ya quedan chicas porque todo el desarrollo turístico y recreativo en los centros históricos han rebasado las zonas protegidas”, advierte.
Hoy el concepto de patrimonio no se restringe a lo monumental, ya incorpora patrimonio menor: entornos urbanos y paisajísticos que pueden corresponder a épocas más recientes o más antiguas, es el caso de los barrios que son considerados dentro de los límites de zonas patrimoniales, agrega.
En palabras del experto, no actualizar la Ley Federal sobre Monumentos corta posibilidades para que la ciudadanía colabore en la protección de sus centros históricos.
“Tenemos una cultura patrimonialista, donde el gobierno es el que tiene que decidir todo. Dentro de la Ley no existe el desarrollo de políticas públicas que determinan espacios de participación ciudadana y es un problema porque las políticas públicas definen los presupuestos, los proyectos y muchas veces éstos no toman en consideración el trabajo de la sociedad civil”, expresa.
El académico de la UADY señala que la sociedad civil es el único actor que le puede dar continuidad a las políticas públicas porque “ellos no cambian, seguirán existiendo los comerciantes, los académicos, los vecinos…”
“Los políticos todavía no se acostumbran a no tomar solos las decisiones, tampoco se acostumbran a consensuar decisiones. Eso es incómodo para ellos porque no pueden hacer lo que se les antoje, pero es parte del desarrollo y debería de existir la participación en una democracia”, comenta.
El libro “Centros históricos del sureste de México. Patrimonio edificado, sociedad y medio ambiente” es coeditado por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM.
Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .