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Es mentira que desistieron los amparos en contra de la nueva Ley General de Bibliotecas publicada en 2021 y promovida por Marx Arriaga, el entonces responsable de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la Secretaría de Cultura. Hoy, existen alrededor de 150 amparos en contra de esa Ley porque facilita la piratería de libros y castiga monetariamente a pequeñas empresas.
Así lo externa Quetzalli de la Concha, vicepresidenta del Centro Mexicano de Protección y Promoción de los Derechos de Autor (Cempro), tras las declaraciones del actual responsable de la DGB, Rodrigo Borja Torres, quien señaló a Crónica que los amparos ya estaban solucionados y que este año se publicará un reglamento que atiende las demandas de los editores.
“No estamos de acuerdo con las declaraciones de Rodrigo Borja porque miente flagrantemente de un desistimiento de amparos que no existe y habla de soluciones que no nos han dado”, indica De la Concha.
En palabras de la también abogada, la Ley General de Bibliotecas es inconstitucional por implementar una multa fija si los editores no entregan obra al depósito legal y porque solicita la entrega de libros físicos así como el archivo digital del mismo.
“La Ley General de Bibliotecas, incluyendo a la DGB, no cuentan con la infraestructura ni para garantizar la seguridad de la administración de los archivos y mucho menos para garantizar que no habrá un uso indebido o ilícito de estos archivos”, señala.
La piratería de libros es un problema mayor para el sector ya que actualmente trafica con el 50 por ciento del trabajo digital editorial y con 4 de cada 10 libros impresos.
“Es un problema grave porque hay casos de instituciones públicas hackeadas en donde se descargan los archivos que entregamos. A nosotros no nos han hablado de cuál será la infraestructura, qué tipo de software, qué tipo de plataforma y qué tipo de hardware han contratado o conseguido para administrar nuestros archivos digitales”, cuestiona.
Rodrigo Borja comentó a Crónica (03/05/2022) que habrá una computadora sin internet en la Biblioteca de México, ubicada en La Ciudadela de la CDMX, en donde los editores podrán depositar electrónicamente un ejemplar de cada uno de sus libros publicados.
“No es solamente que no se pueda usar una USB o internet, ¿de qué manera van a almacenar esos archivos? Esas cuestiones y otras características de la Ley las expusimos y al día de hoy no tenemos una solución concreta. Además, el 80 por ciento de los amparos están otorgados porque el contenido de la Ley es un atropello a nuestros derechos”, indica la abogada.
De la Concha recuerda que las autoridades de cultura que dirige Alejandra Frausto Guerrero prometieron a los editores trabajar con ellos en la revisión del reglamento para las bibliotecas.
“Nos escucharon en una ocasión y no nos han vuelto a responder, no responden a nuestros correos, no responden a nuestras propuestas, entonces no hay un acuerdo”, afirma.
Después de publicada la Ley, De la Concha platica que los editores interesados se reunieron con Rodrigo Borja y con Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de desarrollo cultural.
¿Qué platearon y a qué acuerdos llegaron?
Les expusimos desde la inviabilidad de entregar en el plazo que determinan para la entrega del depósito legal porque no atienden ni a las dinámicas ni a las necesidades de la industria editorial.
“No estamos en contra del depósito legal, estamos en contra de que nos pidan nuestros archivos electrónicos de nuestros libros, estamos en contra de que a los pequeños editores foráneos les den un plazo de 60 días y si no les aplican una multa fija”, responde.
Derivado de esa primera reunión, a los editores les prometieron colaborar en la redacción del reglamento.
“Nos dijeron que nos volverían a llamar para ver un proyecto propiamente de este reglamento y es proyecto que al día de hoy no tenemos”.
Incongruencias
La ideal para los editores es que Secretaría de Cultura trabaje con ellos en resolver las deficiencias de la Ley General de Bibliotecas y en la redacción de un reglamento.
“Que se atienda a la realidad y a las necesidades de las bibliotecas y de las editoriales, siempre en un ánimo de respeto. Si se entrega un depósito legal impreso no debe de existir una doble obligación para entregar un depósito electrónico que es más vulnerable”, expresa De la Concha.
Las tres bibliotecas que reciben el depósito legal (la entrega de un ejemplar de todo lo publicado) son: Biblioteca de México, Biblioteca del Congreso de la Unión y Biblioteca Nacional de México.
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