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En entrevista para Crónica, Julia Carabias destaca la experiencia y trayectoria de los expertos en ordenamiento ecológico territorial que participarán en la conferencia, y habla sobre la emergencia ambiental causada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la disminución del agua disponible y el incremento de la erosión.
Julia Carabias es una bióloga con una intensa labor en la investigación y en la restauración de los recursos naturales. Suele pasar periodos prolongados en la Selva Lacandona, en Chiapas, trabajando con comunidades campesinas para proponer proyectos productivos sustentables. Estas iniciativas buscan ofrecer a los habitantes de dichas regiones mejores condiciones de vida y, al mismo tiempo, conservar la selva.
En esta empresa no está sola: le acompaña un grupo de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, técnicos y jóvenes de servicio social. Este equipo pertenece a la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Durante este arduo trabajo de campo y académico “hemos mostrado, desde la ciencia, que las condiciones del planeta, desde el punto de vista ambiental, están en una situación de extrema gravedad. A esto le hemos llamado emergencia ambiental: cambio climático, pérdida de biodiversidad, disminución del agua disponible, incremento de la erosión, lo que genera un desequilibrio en los ecosistemas naturales y, al mismo tiempo, causa un problema para el bienestar de todas las personas”, comenta en entrevista para La Crónica de Hoy Julia Carabias, miembro de El Colegio Nacional.
Esta inercia se puede revertir con el ordenamiento ecológico territorial, un instrumento de política ambiental cuyo objetivo consiste en encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las autoridades en una región.
De acuerdo con la colegiada, el ordenamiento ecológico territorial es indispensable, porque el territorio se planea bajo las características del potencial de sus recursos naturales, así como de las condiciones sociales y económicas de la gente que vive en estos territorios.
Ante la enorme contradicción entre el ordenamiento del entorno ecológico y el urbano, Jalisco es un caso de éxito del ordenamiento ecológico territorial que debe replicarse, sostiene la colegiada.
Precisamente, este lunes 23 de abril a las 6:00 p. m., la colegiada coordina la mesa redonda titulada “Planeación territorial y sustentabilidad”, que se llevará a cabo en el Aula Mayor de El Colegio Nacional, Donceles 104, Centro Histórico, CDMX. Participarán en ésta dos expertos que han trabajado temas relacionados con ordenamiento ecológico territorial en Jalisco y en la Ciudad de México.
Ellos son Sergio Graf, académico de la Universidad de Guadalajara, recientemente galardonado con la Orden Nacional al Mérito, que otorga la República francesa; y Antonio Azuela, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, institución donde investiga y enseña sobre derecho urbano y medioambiental desde una perspectiva socio-legal.
“Los participantes invitados son personas de una enorme experiencia, no solamente en el terreno académico, sino en la ejecución de estos instrumentos, porque todos ellos han sido académicos, funcionarios públicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y tienen una enorme experiencia en los distintos niveles y enfoques”, sostiene la colegiada.
¿Qué están haciendo el Estado mexicano y la sociedad civil para lograr un ordenamiento territorial eficaz?, se le pregunta a la colegida.
La bióloga responde enfática que tanto las sociedades civiles, que son bastantes, y las comunidades, trabajan en conjunto con los ordenamientos territoriales, ya que esta figura es “un instrumento muy importante de organización de las personas que viven en un territorio. Al tener un ordenamiento se establecen reglas claras y se produce un proceso de entendimiento y armonía para el uso del territorio”.
Sin embargo, y a su juicio personal, no se están realizando consistentemente actividades de ordenamiento ecológico, “se hizo hace algunos años y se mantienen esos ordenamientos; el problema es que no se cumplen y la autoridad encargada del cumplimiento de la ley no está operando correctamente”.
Finalmente, aseguró que falta que la propia autoridad promueva tales actividades de ordenamiento ecológico y garantice su impulso y apoyo, pues si tal responsabilidad sólo quedase “en manos de las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil, es completamente insuficiente”, concluyó lo colegida.
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