Nuevo acuerdo global contra biopirateria es una reparación histórica a pueblos indígenas
El tratado reconoce por primera vez a los pueblos indígenas como "creadores, con tecnología, ciencia y sabiduría, y derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimientos y patrimonio cultural", destacó Lucia Fernanda Jofej, del pueblo kaingang, directora del Museo Nacional de Pueblos Indígenas en Río de Janeiro.
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Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
El acuerdo internacional que se ha firmado este viernes para volver obligatoria la divulgación del lugar de origen de todo recurso genético o conocimiento ancestral utilizado en una invención representa una "reparación histórica a los pueblos indígenas", a los que este tratado se dirige principalmente, dijo una representante del pueblo kaingang de Brasil.
"El sistema de propiedad intelectual a nivel internacional fue creado en 1880, así que ha pasado un siglo y medio sin que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad intelectual de sus conocimientos tradicionales y recursos genéticos que están dentro de sus territorios", señaló a EFE Lucia Fernanda Jofej, del pueblo kaingang.
Jofej, quien también es directora del Museo Nacional de Pueblos Indígenas en Río de Janeiro, acompañó junto con delegadas de otros pueblos autóctonos brasileños al embajador de su país, Guilherme Patriota, en el momento en el que estampó su firma, en nombre del Estado de Brasil, en el nuevo tratado adoptado al término de negociaciones llevadas a cabo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra.
El tratado reconoce por primera vez a los pueblos indígenas como "creadores, con tecnología, ciencia y sabiduría, y derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimientos y patrimonio cultural", destacó.
"Para Colombia se trata de un logro muy importante porque lo solicitábamos desde hace 25 años y hoy el Gobierno está todavía más comprometido en proteger la propiedad intelectual de las poblaciones autóctonas, pueblos indígenas y afrodescendientes", comentó el embajador colombiano ante la ONU y sus organizaciones especializadas en Ginebra, Gustavo Gallón.
Reconoció que "no es un tratado muy exigente" y que, por ejemplo, la Comunidad Andina tiene normas más avanzadas en este ámbito que podrá seguir aplicando, pero el avance reside en el hecho de que ahora se tiene una base similar aplicable en todo el mundo.
El embajador Patriota, que fue el presidente de la conferencia diplomática en la que se llegó a este acuerdo, comentó a la prensa que el mayor aporte de este tratado será establecer un puente entre el mundo de la propiedad intelectual, la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas.
Reconoció que no fue una negociación simple por la existencia de grandes intereses económicos y comerciales, puesto que algo que puede parecer tan sencillo como divulgar de forma obligatoria el origen de un recurso genético o saber tradicional en el que se basa un nuevo producto tendrá "implicaciones gigantescas".
Los países biodiversos la ven como una norma aplicable en todo el mundo para luchar contra la biopirateria de recursos como plantas medicinales, variedades vegetales o especies animales, que son utilizados más y más en la investigación científica con fines industriales en sectores como la cosmética, la farmacéutica, la biotecnología, de semillas, entre otros.
El director general de la OMPI, Daren Tang, afirmó que los pueblos indígenas y comunidades locales pueden verse por primera vez incluidos en el sistema de propiedad intelectual, que ahora reconoce que su sabiduría ancestral y herencia cultural también pueden ser la base de creatividad e innovación.
El texto precisa que los Estados parte del tratado no deben invalidar, revocar o hacer inaplicables las patentes solo basándose en que el solicitante no haya cumplido con divulgar la información relativa al origen de un componente genético esencial para su invención y más bien debe darle la oportunidad de rectificar.
Sin embargo, también deja abierta la puerta a sanciones o reparaciones posteriores -a determinar según la legislación nacional- en caso de que se descubra una intención de fraude.
El acuerdo entrará en vigor cuando los quince primeros países lo hayan ratificado, lo que hace prever que será en un corto plazo. EFE