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Los pueblos originarios Chontal, Chocholteco e Ixcateco manifiestan, a través de un posicionamiento con 53 firmas, su desacuerdo a la iniciativa presidencial de fusionar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ya que significaría un retroceso en políticas lingüísticas.
“Los pueblos originarios Chontal, Chocholteco e Ixcateco cuyas lenguas están en peligro de desaparición, recibimos con sorpresa y decepción la noticia de la iniciativa que el ejecutivo de la nación enviara en reciente fecha a la Cámara de Diputados proponiendo que el INALI sea fusionado y pase a formar parte de la estructura del INPI”, expresa.
Ante tal inconformidad, enumeran los trabajos que el INALI ha generado para sus hablantes, los cuales consideran vitales.
“Reconocemos los trabajos a favor del rescate y preservación de nuestras lenguas desarrollado a través de diversos programas del INALI, propiciando además la suma de esfuerzos de otras dependencias de los tres niveles de gobierno, cuyo ejemplo se da en nuestro estado de Oaxaca con la firma del Convenio Marco de Colaboración y Coordinación Interinstitucional para la Planificación Lingüística y Comunitaria, firmado el 9 de agosto de 2021 en San Juan Bautista Coixtlahuaca”, detallan.
Dicho convenio fue suscrito por los 19 presidentes municipales que integran la comunidad chocholteca y se realiza en el marco de la planificación de las acciones encomendadas por la UNESCO para llevar el Decenio Internacional a favor de las Lenguas Indígenas.
“En nuestro caminar de la vida, hemos sido testigos que las diversas actividades que el INPI tiene encomendadas en su decreto de creación, están orientadas al desarrollo de infraestructura más que al rescate, conservación, revitalización y difusión de nuestro patrimonio lingüístico y/o cultural”, indican.
Por lo tanto, manifiestan su desacuerdo “a la propuesta de la iniciativa antes mencionada ya que esta medida representa un retroceso en los avances obtenidos en términos de instituciones de estado y políticas públicas que generen condiciones para analizar el ejercicio de nuestros derechos”.
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