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El Estado mexicano debe ga-ran-ti-zar la protección, el trato adecuado (¿?), la conservación y el cuidado de (a) los animales, sí, muy bien, pero… ¿cómo es que entonces, para mostrar músculo en la materia, se mal estrenó el gobierno capitalino ensañándose contra una protectora independiente permaneciendo intocables el Mercado Sonora y el cercano conocido como “el de “los peces”, cuyos puestos son incluso sobre vehículos dobleteando con ello la infracción correspondiente?
Hola doña Clara Brugada. La saludo cordialmente pero sacadísima de onda con el operativo sorpresa del pasado martes, mismo que percibí equivocado, torpe y hasta abusivo, incluso con tonalidades de crueldad hacia los animales a quienes supuestamente estaban rescatando de vida infernal. Veamos...
Dizque a partir de denuncias ciudadanas de esas que ya me tengo bien conocidas y que son muy fáciles de manipular y usar a modo partiendo de su supuesto anonimato, especialmente proviniendo de donde vinieron, diversas autoridades capitalinas bajo su mando desplegaron un mega ejercicio para cumplimentar una orden de cateo en domicilio ubicado en la colonia Narvarte de la Alcaldía Benito Juárez, donde la protectora independiente Sonia Paredes (aclaro no conocerla) mantenía el albergue “En busca de Un Hogar” con más-menos 30 perros y 9 gatitos rescatados del abandono, incluyendo igualmente un número indeterminado de palomas que a mi parecer no entiendo la razón de su presencia en el lugar, ni quero darle vuelo a mi imaginación. Puedo entender que administrativamente procediera atender quejas vecinales enfocadas hacia presunta insalubridad y ruido excesivo que incluso le hubieran correspondido a la demarcación referida, que igualmente hubiera tenido facultad para otorgar un plazo pertinente para la remediación del daño y/o hasta para el desalojo del refugio al no contar con el Uso de Suelo respectivo y seguramente también carecer de algunas otras autorizaciones que ahora mismo demanda la vigente Ley de Protección y Bienestar Animal de CDMX. Hasta ahí todo bien, peeeeero, ¡caramba!, es de tener dos dedos de frente que armar una intervención de tufo penal como el disertado hubo de requerir, sí o sí, de estricta planeación y minucioso protocolo en beneficio de las víctimas (por lo visto no se aprendió con el CASO GOLDENS). O sea, si se movilizó a la Fiscalía y hasta a la Policía de Investigación más allá de la las otras autoridades competentes al supuestamente tratarse de un delito de maltrato y/o crueldad colectivo, mínimo debieron planear no alterar la escena del crimen, tal y como lo aprendimos precisamente durante un curso impartido por expertos internacionales en las instalaciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Mucho menos debieron intervenir cual marabunta esa cantidad de personas entrando y saliendo a velocidad mil para sacar a los animales, además entre gritos y sombrerazos de vecinos y voluntarios reclamando como injusto e improcedente ese acto de autoridad. Resultaba, sí, atender el caso, pero de inicio con la entrada de un par de elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que registraran la escena, echándole ojo experimentado a los animales y en caso de detectar maltrato más allá de encontrarlos contenidos en transportadoras, solicitar la presencia de peritos médicos veterinarios para levantar dictamen individuo por individuo… ahí mismo, en su entorno y de forma tranquila, buscando con ello no estresar a las conjeturadas víctimas, tomando nota precisa e imágenes para corroborar lesiones y daños que permitan, entonces sí, documentar el tipo penal, procediendo al aseguramiento de cada criatura. Tras determinar la situación y condición de cada lomito, michi y aves, concernía clausurar el sitio dejando personal capacitado y suficiente a cargo de vigilar que su atención y alimentación les sean proporcionados en tiempo y forma a la que estaban acostumbrados y ya luego, con calma y entendiendo que se puede tratar de animales con lesiones físicas y mentales precursoras dado su origen, irlos derivando a hogares temporales acreditados mientras se certifica su condición y corre el trámite conveniente. De otra forma será un caso como muchos otros en donde innecesariamente interviene violentamente la autoridad con miras a propósito de lucimiento público y no se sabe más nunca sobre el destino de esos animales a los que defendieron fuertemente los vecinos, muchos de ellos voluntarios que los sacaban a pasear dos/tres veces al día, según lo manifestado. Únicamente de haberse encontrado algún animalito bajo situación de gravedad, obvio es que hubiera sido obligado su traslado inmediato a clínica. Eso sí, es un hecho es que después del mitote doña Clara y demás funcionarios deberán avalar públicamente los hechos y reaccionar de la misma forma y con la misma fuerza hacia toda denuncia por maltrato. Es cuanto… de momento.
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