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ARTICLE 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión, ha manifestado su rechazo hacia la criminalización y el uso indebido del derecho penal contra defensores ambientales en Santa María Chí, Yucatán.
La organización señala que la comunidad indígena de Santa María Chí enfrenta un conflicto ambiental grave debido a la operación de una granja porcina, que afecta tanto el medio ambiente como la salud de sus habitantes. La organización también expresa su preocupación por el uso de denuncias penales para intimidar a quienes defienden sus derechos.
Conflicto en Santa María Chí
Santa María Chí, una comunidad maya en Mérida, Yucatán, se ha visto afectada desde abril de 2023 por la actividad de la granja porcina «San Gerardo», que alberga aproximadamente 49,000 cerdos a solo metros de las viviendas. La operación de esta granja, propiedad de Pecuaria Peninsular SPR de RL, ha generado preocupaciones de salud en la comunidad, pues el olor y la quema de estiércol han causado problemas respiratorios, especialmente en niños. Además, la falta de consulta previa a la comunidad indígena ha sido otro de los puntos que ARTICLE 19 y los representantes comunitarios denuncian como una violación de sus derechos fundamentales.
Para visibilizar su situación, la comunidad ha recurrido a la protesta y ha presentado demandas legales contra la granja, que incluyen violaciones a los derechos de acceso a agua limpia, salud y consulta indígena. Estas demandas han sido admitidas por la jueza Silvia Elena Torres Cobá, quien ordenó medidas para frenar la expansión de la granja en un intento de mitigar los daños ambientales.
Criminalización de Defensores Ambientales
En un giro de los acontecimientos, el subcomisario de la comunidad, Wilbert Alfonso Nahuat Puc, ha sido denunciado penalmente por la empresa dueña de la granja, quien lo acusa de despojo y privación ilegal de la libertad tras el bloqueo y las protestas de mayo de 2023. La audiencia en la que el Ministerio Público formulará la imputación contra Nahuat Puc está programada para el 7 de noviembre de 2024.
Este caso es un ejemplo de lo que se señala como una preocupante tendencia de criminalización hacia las personas defensoras de derechos ambientales. Según la organización, el uso del derecho penal en estos contextos no solo es desproporcionado, sino que también representa un riesgo para los derechos de protesta y libertad de expresión. Asimismo, sostiene que las protestas pacíficas son fundamentales en una sociedad democrática, permitiendo a las comunidades expresar sus preocupaciones cuando otras vías legales no han dado resultados efectivos.
Llamado a las Autoridades
ARTICLE 19 hace un llamado al gobierno federal, a la administración estatal y a las autoridades judiciales para proteger los derechos de la comunidad de Santa María Chí y asegurar que las personas defensoras ambientales no sean perseguidas por su labor. Exige al Gobierno Federal, liderado por Claudia Sheinbaum, monitorear casos como el de Santa María Chí y garantizar políticas que protejan los derechos de los defensores ambientales en México.
Asimismo, la organización insta al Gobierno de Yucatán a respetar el derecho a la protesta y a implementar medidas que aseguren la seguridad de los activistas. La organización también llama a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial a actuar de manera imparcial y transparente, evitando que el sistema judicial sea empleado como herramienta de represión.
Para los defensores de derechos humanos, el derecho a la protesta y la protección de los defensores ambientales son fundamentales para garantizar una sociedad justa y democrática. En este sentido, reiteran la necesidad de que las autoridades mexicanas cumplan con sus compromisos en derechos humanos y tomen medidas efectivas que protejan a quienes luchan por un medio ambiente sano y seguro.