Búsqueda
La preocupación y el dolor han invadido a la comunidad de Chautipan, en el municipio de Chilpancingo, tras la desaparición de 16 personas en la región Centro de Guerrero entre el 21 y el 27 de octubre. Las víctimas, en su mayoría oriundas de esta localidad, fueron vistas por última vez cuando se trasladaron a la comunidad de Chilapa de Álvarez, donde se dedicaban a la venta de trastes y otros productos.
Los hechos han generado una ola de incertidumbre y temor en la región, donde familiares de los desaparecidos se han movilizado para exigir acciones inmediatas y efectivas por parte de las autoridades. Los afectados, que incluyen adultos y menores de edad, han llevado a cabo protestas frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), demandando una respuesta clara sobre el paradero de sus seres queridos y la intensificación de las labores de búsqueda.
La FGE ha emitido fichas de búsqueda a través de varios protocolos, incluyendo el Protocolo Alba y la Alerta Amber, debido a la inclusión de cuatro menores de edad en la lista de desaparecidos. Entre los desaparecidos se encuentran Clara Francisco Cabrera y Flor Itulia Cabrera, así como varios adolescentes de entre 13 y 16 años. La situación se complica aún más por el hecho de que varios de los desaparecidos comparten apellidos, lo que sugiere que podrían estar relacionados.
La Fiscalía ha informado que las indagatorias se han centrado en las comunidades aledañas a El Epazote, con el objetivo de rastrear pistas sobre la desaparición de estas personas. Sin embargo, hasta el momento, no se han dado a conocer avances concretos en la investigación, lo que ha aumentado la frustración de los familiares y la comunidad en general.
El 1 de noviembre, durante una de las manifestaciones, los familiares lograron reunirse con funcionarios de la FGE para expresar su angustia y exigir un compromiso real para la localización de sus seres queridos. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros familiares están desaparecidos. Exigimos que se intensifiquen las búsquedas y se esclarezcan estos hechos”, declaró uno de los familiares.
La desconfianza en las autoridades también es palpable. Muchos miembros de la comunidad han expresado su temor a represalias por colaborar en la búsqueda de información, lo que ha llevado a la FGE a asegurar que la información proporcionada por los ciudadanos será recibida de forma confidencial.