Búsqueda
En sesión pública ordinaria, este jueves se presentó ante el Congreso de Tamaulipas la iniciativa del Gobernador Américo Villarreal Anaya, mediante la cual se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de reforma del Poder Judicial, con lo que se prevé que la entidad será la primera en el país que confirma la elección popular de jueces y magistrados el primer domingo de junio del 2025.
Con base en la disposición del nuevo sistema judicial, en Tamaulipas se prevé la elección de jueces, ministros y magistrados por voto ciudadano, contribuyendo así a la modernización del Poder Judicial, lo cual traerá consigo legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia, colocándolo a la vanguardia de los retos que la sociedad demanda.
La iniciativa de reforma contempla la sustitución del Consejo de la Judicatura, que será reemplazado por dos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración del Poder Judicial. Cada uno tendrá funciones específicas para fortalecer el control y la gestión interna del sistema.
El Tribunal de Disciplina Judicial será responsable de recibir denuncias, investigar posibles conductas irregulares y sancionar a aquellos servidores públicos del Poder Judicial que actúen en contra de la ley; con esta medida, se busca reforzar la vigilancia sobre la actuación de jueces y magistrados.
Asimismo, se subraya que el Órgano de Administración Judicial, con independencia y autonomía técnica, gestionará la administración y carrera judicial. Este organismo definirá el número y distribución de juzgados, su competencia territorial y las especializaciones necesarias para cada área.
Con este nuevo esquema para la impartición de justicia, se logrará un mayor dinamismo, tornándola más rápida, expedita y transparente, con lo que se buscará garantizar a la ciudadanía beneficios al momento de dirimir conflictos de forma menos compleja y con mayor rapidez.
En su exposición de motivos, el gobernador de Tamaulipas subraya que la iniciativa se basa en la reforma judicial federal, en la que se propone combatir la impunidad y la falta de justicia en México mediante la independencia de las instituciones judiciales.
Las y los candidatos a jueces y magistrados deberán cumplir los requisitos específicos de experiencia y formación profesional establecidos en el proyecto de reforma, formulada para dar cumplimiento a la reforma federal en la materia vigente y que señaló un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del Decreto federal, para realizar la armonización de las constituciones locales.