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La institución reactivó el caso denunciado por la UIF en 2020 contra Ricardo Gallardo Cardona, su familia y otros funcionarios por el desvío de 724 millones de pesos a las empresas médicas Clínica Wong y Axioma

El Gobernador de SLP otra vez en la mira de la FGR por desvío de recursos públicos

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cárdenas, otra vez bajo la lupa de la justicia federal (Redes socialesR)

Cuatro años después de haber salido a la luz una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra del ahora gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de otras 19 personas entre quienes se encuentran sus padres, sus dos hermanas y 20 empresas, varias propiedad familiar, por desvío de 724 millones de pesos a las empresas médicas Clínica Wong y Axioma, Este viernes la Fiscalía General de la República comunicó que este asunto que está con etiqueta de pendiente se ha reactivado.

Cuando todo apuntaba que el asunto que ha opacado el historial del gobernador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y que presuntamente sería archivado, la UIF que dirige Pablo Gómez retomó el caso registrado con el expediente FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, en el que siguen pendientes de aclarar y resolver presuntos delitos de fraude y desvíos millonarios realizados por Ricardo Gallardo Cardona cuando éste fue alcalde de la capital San Luis Potosí, así como de su padre, Ricardo Gallardo Juárez, cuando fue presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, y a quienes se les imputan desvíos de las arcas públicas hacia las empresas médicas Clínica Wong y Axioma.

Hace unas semanas el Ministerio Público federal envió a la Secretaría de Finanzas del gobierno de San Luis Potosí un requerimiento para que informe sobre los “bienes muebles e inmuebles propiedad de la familia Gallardo”, como parte de la investigación que se acaba de reactivar, según destacó en un artículo el periodista local Juan José Rodríguez.

De acuerdo con la investigación sobre el Gobernador potosino, su familia y unas 20 empresas involucrados en este desvío de recursos, los señalados en este proceso, según la exigencia del Ministerio Público Federal, “deberán identificar domicilios donde habitan, actividades comerciales y laborales, así como vínculos personales y familiares, si tienen antecedentes penales, registro de propiedades y vehículos a su nombre”.

En el mismo tenor, también se giraron órdenes a los Ayuntamientos de Soledad y de San Luis Potosí para que proporcionen toda información relacionada con la investigación en los casos de corrupción de la familia Gallardo.

Entre los señalados de estar en esta trama figura el segundo al mando del gobierno potosino, Guadalupe Torres, a quien también le llegó la notificación sobre la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. Sobre este personaje existen señalamientos de haber participado en el asesinato del exalcalde de Ébano, Crispín Ordaz, quien fue el que denunció como Torres junto con otros 4 diputados trataron de extorsionarlo para que no sacará a la luz sus ilícitos, lo que derivó en investigaciones sobre la inmensa fortuna, en Tierra Nueva, de donde es oriundo y donde entre sus propiedades figuran ranchos, casas, caballos y vehículos de lujo.

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