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En Chiapas, casi 7 mil personas han sido liberadas por razones humanitarias desde 2013, como resultado de la labor de la Mesa de Reconciliación, un organismo clave para promover la justicia humanitaria y la reinserción social en el estado. El gobernador Rutilio Escandón destacó que estas acciones han permitido que los beneficiarios se reintegren a la sociedad sin reincidir en delitos.
El gobernador explicó que este instrumento jurídico, creado en 1989, permaneció en desuso hasta 2013, cuando se reactivó para atender casos de injusticias como detenciones por delitos menores. Desde entonces, ha pasado de liberar a solo 247 personas en 24 años, a alcanzar un promedio de casi 7 mil en los últimos 11 años.
Justicia y reinserción social
En un reciente evento, se anunció la liberación de 348 personas –328 hombres y 20 mujeres–. Escandón enfatizó que la baja proporción de mujeres se debe a que la mayoría ya ha sido absuelta al demostrar su inocencia. “En muchos casos, las mujeres son culpadas injustamente por actos de terceros”, afirmó.
Además de garantizar la justicia en Chiapas, este programa busca promover la reinserción social mediante capacitaciones en reclusorios, educación y deporte. Estas herramientas permiten a las personas liberadas reconstruir sus vidas y contribuir al desarrollo de sus comunidades.
Derechos humanos
El enfoque de la Mesa de Reconciliación no solo aborda casos de injusticia, sino que también da prioridad a las personas en condiciones vulnerables. Esto incluye a reclusos con enfermedades terminales, quienes ahora tienen la oportunidad de reencontrarse con sus familias y pasar sus últimos días en un entorno digno.
“Es injusto que personas encarceladas por delitos menores, como el robo de una gallina, enfrenten prisión, mientras delincuentes de cuello blanco nunca enfrentan la justicia", señaló Escandón.
Un modelo para México
Con estas acciones, Chiapas se posiciona como un ejemplo a nivel nacional en la defensa de los derechos humanos en México y la utilización de mecanismos legales para resolver problemas estructurales del sistema penitenciario mexicano.
La labor de la Mesa de Reconciliación ha demostrado que es posible implementar una justicia humanitaria que respete la dignidad y promueva la integración social, contribuyendo al bienestar de las comunidades y al fortalecimiento del estado de derecho.