BúsquedaEn la medida que la Auditoría Superior del Estado cumpla con sus responsabilidades de fiscalización en relación a concesiones, contribuirá también a la aplicación de políticas equitativas que generen bienestar para la población, dijo el doctor en Administración Pública, Román Sánchez Zamora, al hablar sobre su propuesta de “auditor itinerante” y sectorización en las ramas contable, financiera, ambiental, eficiencia y de obra.
El catedrático universitario refirió que todas las personas deberían tener la posibilidad de usar libremente el segundo piso de la autopista, al financiarse con recursos públicos a partir de impuestos, sin embargo la empresa que obtuvo la concesión impuso nuevo cobro a los usuarios de esa arteria, lo que deja en evidencia la ineficacia de las personas y/o instancias oficiales que concretaron el acuerdo.
En tal sentido refirió que, para evitar esos acuerdos que dejan en la indefensión a la población, la auditoría debe realizar una revisión rigurosa a los procesos de asignación y gasto, sin que ello signifique enfrentamiento con el Congreso o el Poder Ejecutivo, sino la enorme posibilidad de trabajar en conjunto para encontrar sentido a la justicia social.
Asimismo, al reunirse con transportistas adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y hablar de “Transparencia y Rendición de Cuentas”, dijo que la Auditoría Superior del Estado debe ser capaz de revisar que lo existente en papel también pueda verificarse de forma física y no solo contable, dado que las obras pagadas y no realizadas, con irregularidades o vicios ocultos, causan rezago al desarrollo de los pueblos.
Sánchez Zamora explicó que la revisión y validación no solo llega a nivel gubernamental sino a las empresas que tienen servicios concesionados, como el caso de Agua de Puebla que al contar con recursos públicos para su operación puede ser revisada en su Responsabilidad Social, en este caso específico mediante el Código de Procedimientos Penales para evitar un costo adicional pero en caso necesario se logre fincar responsabilidades para resarcir el daño patrimonial que ocasione a la población derivado de multas y cobros excesivos de un servicio deficiente.