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La ex encargada del área jurídica de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Luz María Zarza Delgado, ligada a desvíos en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), busca ser ministra en la Suprema Corte de Justicia Nacional.
Competirá con Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, quien fuera el presidente del Poder Judicial del Estado de México y María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de la presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Zarza Delgado es egresada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, donde posteriormente fue abogada general de la institución educativa misma que durante su gestión fue auditada por participar en desvío de recursos públicos.
A la funcionaria pública, incondicional del ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, se le vincula con los sobornos de Obrascón Huarte Lain (OHL) México a magistrados durante su periodo como Consejera Jurídica del Estado de México (2011-2017).
Luz María Zarza, consejera jurídica del gobierno local, fue la encargada de revisar los nombramientos fraudulentos de notarios que hiciera exgobernador Eruviel Ávila Villegas, en favor de sus amigos y aliados políticos, sin necesidad de cubrir los requisitos y formalidades que se establece en las leyes.
Esta historia de complicidades no terminó allí, al dejar el cargo en el gobierno del estado, fue nombrada como consejera jurídica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Desde la UAEM, “resguardo” jurídicamente la trama de corrupción conocida como la “Estafa Maestra”, que utilizó a universidades públicas para distraer recursos en favor de empresas fantasmas.
Y no solo eso, además con su puesto presionó y logró que su hermana Patricia Zarza, se convirtiera en directora de la Facultad de Arquitectura de la universidad, en un proceso electoral en el que resultó candidata única por la eliminación artificiosa del resto de los contendientes.
Mientras que durante su administración al frente del área jurídica de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que inició en 2018, el Estado de México fue la cuarta entidad con más tomas clandestinas después de Puebla, Hidalgo y Guanajuato.
El próximo 30 de marzo inician las campañas electorales para ocupar ponencias en el máximo tribunal del país.