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La empresa concesionaria de agua potable al norte de Quintana Roo, Aguakan, se dijo dispuesta a concluir con el contrato, pero condicionó la decisión siempre y cuando esto se realice en forma legal y mediante una indemnización “justa”.
Horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresara su apoyo a las demandas del Gobierno del Estado en contra de la empresa Aguakan, a fin de revocar la concesión, el consorcio sostuvo haber invertido 8 mil 865 millones de pesos en infraestructura y pagado más de 5 mil millones de pesos en contraprestaciones y derechos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de impuestos federales.
Sobre la prórroga de la concesión en 2014, la empresa argumentó que se realizó conforme a la normatividad vigente y con la aprobación de diversas instancias estatales y municipales. Asimismo, subrayó que en su capital participan administradoras de fondos para el retiro (Afores) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), lo que implica que la terminación de la concesión podría afectar el patrimonio de más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos.
Aguakan aclaró que las tarifas del servicio no son fijadas por la empresa, sino por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del Gobierno de Quintana Roo y aseguró que en los municipios donde opera garantiza un servicio de mayor calidad y cobertura.
Finalmente, la compañía reiteró su disposición a colaborar en la conclusión anticipada de la concesión, siempre que se respeten los marcos legales y se garantice un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas.