Búsqueda
Las recientes detenciones de cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, han reavivado las acusaciones contra Luis Navarro García, actual secretario de Finanzas y Administración del estado, por el presunto desvío de 2 mil 604 millones de pesos.
De acuerdo con la cuenta pública de 2022 presentada por Navarro García, se registró un excedente de 3 mil 23 millones 958 mil pesos. Conforme a la Ley de Disciplina Financiera (LDF), estos recursos debieron destinarse prioritariamente al pago de deuda pública, pero en su lugar quedaron “a disposición”, lo que ha generado dudas sobre su paradero y uso.
El Artículo 14, Fracción I, de la LDF establece que los ingresos excedentes derivados de recursos de libre disposición de las entidades federativas deben aplicarse de la siguiente manera: al menos el 50 % para amortización de deuda pública, pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulares y otras obligaciones.
Sin embargo, documentos difundidos por medios locales revelan que Navarro García no cumplió con esta disposición y sólo destinó 418 millones 884 mil 810 pesos al pago de la deuda, cuando al menos debió destinar mil 500 millones (o sea, la mitad del excedente total), dejando fondos por 2 mil 604 millones de pesos sin un destino claro.
Entre los detenidos el pasado fin de semana se encuentra Mario Delgado Murillo, quien fungía como delegado administrativo en la Secretaría de Finanzas y Administración durante la gestión de Aureoles y se mantuvo en la actual administración. Su vínculo con Navarro García ha puesto nuevamente en el centro del debate el manejo financiero en la actual administración estatal.
Las irregularidades en la administración de Silvano Aureoles han sido objeto de investigación desde 2022, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Michoacán iniciaron indagatorias sobre presuntos desfalcos. Entre las principales acusaciones destacan licitaciones fraudulentas, contratos sobrevalorados y el mal manejo de programas sociales. Sin embargo, fue hasta 2025 cuando se iniciaron acciones legales concretas contra exfuncionarios de su gobierno.
Uno de los casos más sonados involucra un presunto desvío de hasta 5 mil 186 millones de pesos, utilizados en la construcción de cuarteles de la Guardia Civil en municipios como Lázaro Cárdenas, Uruapan, Apatzingán y Zitácuaro, entre otros.
Aureoles Conejo ha sido señalado reiteradamente por presunta malversación de recursos públicos durante y después de su mandato, lo que ha llevado a un creciente escrutinio sobre el uso de fondos en la administración estatal.
Las investigaciones continúan en curso y se espera que en las próximas semanas se definan responsabilidades sobre el destino de estos recursos.