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Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas ofreció más de 3 mil asesorías laborales gratuitas, con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de las personas trabajadoras en los 43 municipios del estado.
A través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, instancia que brinda acompañamiento jurídico a quienes enfrentan conflictos laborales, se otorgaron 3 mil 331 asesorías legales, de acuerdo con información oficial. Del total, mil 915 fueron para hombres y mil 416 para mujeres, en el marco del Programa de Conciliación y Arbitraje Laboral.
Las acciones se desarrollaron con un enfoque de equidad de género y justicia social, priorizando el acceso a servicios jurídicos gratuitos para resolver conflictos entre trabajadores y empleadores. La Procuraduría se ha consolidado como un canal directo para facilitar la conciliación laboral y la defensa de los derechos individuales y colectivos.
Además de las asesorías, la dependencia estatal ofreció 80 representaciones legales ante instancias laborales, lo que permitió que trabajadores y beneficiarios pudieran hacer valer sus derechos en procedimientos formales. Gracias a estas gestiones, se recuperaron más de 6.2 millones de pesos, correspondientes a prestaciones y finiquitos no pagados.
De acuerdo con el titular de la Secretaría del Trabajo en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, los logros alcanzados reflejan el compromiso institucional con una atención jurídica accesible y de calidad. Las oficinas auxiliares de la Procuraduría en el estado facilitaron los trámites para quienes carecen de los recursos necesarios para una defensa privada.
El funcionario subrayó que estas estrategias responden a un modelo de gestión que impulsa soluciones rápidas y efectivas para los conflictos laborales, buscando garantizar la seguridad jurídica de las personas trabajadoras y fomentar un entorno de mayor equidad en el ámbito laboral.
La Procuraduría del Trabajo continúa operando como un instrumento clave para la conciliación y el acceso a la justicia, especialmente en sectores vulnerables donde los derechos laborales suelen verse comprometidos. Su función ha sido fundamental para evitar procesos largos o costosos, privilegiando acuerdos que beneficien a ambas partes.