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La comunidad Indígena de Cicacalco, en Tlaltenango de Sánchez de Román, Zacatecas hizo un llamado urgente tanto a la Profepa como a la Semarnat para que cumplan con sus responsabilidades y aseguren el cierre, remediación y abandono adecuados del mal llamado “relleno sanitario” el cual lleva casi 6 años en sus tierras.
Este basurero ha sido mal operado y ha generado la contaminación del agua desde 2019. La comunidad ha evidenciado las afectaciones en sus fuentes de agua superficial y subterránea, también en sus actividades agrícolas y la salud de sus habitantes.
En septiembre de 2020 después de múltiples quejas por parte de la comunidad indígena, esta decidió detener las actividades, sin embargo en poco tiempo empezaron a sufrir las afectaciones, ya que a su interior se mezclaron sin ningún tratamiento desechos urbanos, desechos tóxico-infecciosos y múltiples animales muertos. La clausura definitiva fue ordenada por la Profepa en 2022, sin embargo no se han tomado acciones reales para remediar los efectos nocivos del mismo.
A pesar de que se han levantado múltiples denuncias, reuniones y estudios por parte de la comunidad, las autoridades han minimizado el problema, intentando convencerlos de que todo estaba bien y que las quejas eran meramente un pretexto de alborotadores con fines políticos.
Un factor a destacar es que en la temporada de lluvias se agrava aún más el problema de contaminación en este lugar, puesto que los lixiviados (líquidos contaminantes que provienen de la descomposición de la basura y la lluvia), se extienden por el arroyo Los Tecongos hasta el río Tlaltenango. La comunidad insiste en que la clausura solo es el principio de la solución, pues hay que intentar prevenir todos los daños adyacentes a él.
A poco tiempo de la temporada de lluvias se hace un llamamiento urgente para la intervención inmediata de las autoridades ambientales federales para la implementación de un plan real de remediación que incluya planes de contención de contaminantes y monitoreo ambiental con una participación activa de la comunidad.
Las autoridades ambientales federales continúan sin dar respuesta concreta a las demandas de la comunidad indígena que lleva años tratando de defender sus tierras y su derecho a una vida sana.