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Después de un año de litigios, el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel (CCIC) logrará la suspensión permanente del proyecto Muelles del Caribe en Cozumel. La obra que fue impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que pretendía construir un cuarto muelle en la isla, fue detenida gracias al amparo solicitado por el Centro Contra la Discriminación A.C, quien entró como auxiliar en esta batalla legal mediante la representación del Lic. Carlos Odriozola.
El Colectivo CCIC, informó que convocará a los medios de comunicación y a la población en general a una concentración pacífica el 24 de enero en el malecón de Cozumel, con el fin de exponer las razones por las cuales el megaproyecto vulnera los intereses de los habitantes del Puerto, como la conservación del medio ambiente.
Los acusadores han adelantado que en dicha audiencia constitucional explicarán la demanda de amparo que defiende los derechos humanos de los Cozumeleños, protegiendo el derecho a la ciudad, señalando la segregación, el despojo y la usurpación de un espacio designado por los isleños desde hace más de un siglo como una zona de libre esparcimiento público y el derecho a un medio ambiente sano.
Asimismo, los Cozumeleños redactaron en su petición los puntos donde explican sus razones del rechazo hacia el mega proyecto, además de las consecuencias negativas que conlleva construir un cuarto muelle en la isla; entre ellas se destacan que no es necesario devastar y privatizar otra zona de la costa para estimular la economía local; por otro lado se sacrificaría la última playa publica en el centro y el ultimo arrecife fuera del parque marino; y la isla no tiene la infraestructura urbana que necesita la población local.
La demanda de amparo que aceptó previamente la jueza Pamela López Swain ordenó la suspensión definitiva de la construcción, decisión que protege los derechos humanos fundamentales de los Cozumeleños pues la construcción de un cuarto mega muelle para cruceros que promueve la empresa Muelles del Caribe vulnera a la sociedad local y amenaza la salud del medio ambiente. Además, si los derechos que la constitución Mexicana otorga a los habitantes de la zona son reconocidos por el Juzgado del Tercer Distrito en Cancún y no existe un cohecho, la resolución será la suspensión definitiva de la construcción.
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