Jalisco

Destruyen más de 500 armas en Jalisco como parte de la estrategia de seguridad

Como parte de las acciones para debilitar a los grupos delictivos y disminuir la violencia, autoridades militares llevaron a cabo la destrucción de armamento asegurado en Jalisco, resultado de operativos y entregas voluntarias.

En el evento, se inutilizaron 191 armas largas, 369 armas cortas, 832 cargadores, 74 accesorios y cerca de 28 mil municiones. El procedimiento, realizado de acuerdo con el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, fue supervisado por representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado con la presencia del gobernador Pablo Lemus Navarro.

Aldo Rubén Reyes Silva, Coronel de Infantería Diplomado Estado Mayor, Comandante del 14 Batallón de Infantería, destaca que la destrucción de armas es un esfuerzo coordinado que busca garantizar la seguridad pública, al reducir los instrumentos de violencia y limitar la operatividad de grupos criminales.

“La destrucción de armamento decomisado es un testimonio del esfuerzo conjunto entre todas las autoridades y órganos de gobierno, que trabajan con el compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana. La destrucción de armamento asegurado es una acción clave en la estrategia de seguridad pública en México, pues está orientada a reducir la violencia y a debilitar la capacidad de los grupos delictivos”, indica Reyes Silva.

Destrucción de armas (MARTE C MERLOS @martec)

Durante la jornada, se explicó que el armamento pasa por varios módulos donde se lleva a cabo su destrucción física, asegurando que quede inhabilitado de forma permanente.

Datos oficiales indican que, entre octubre de 2024 y abril de 2025, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento y destrucción de 637 armas largas, 788 armas cortas, más de 3 mil cargadores, 905 accesorios y alrededor de 113 mil municiones, en colaboración con la 15ª y 41ª Zonas Militares y autoridades locales.

Al acto también asistieron funcionarios del Poder Judicial y representantes de la estrategia de seguridad estatal, como parte del respaldo institucional al operativo.

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