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El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) ha publicado recientemente tres nuevas ediciones dentro de su proyecto «Conocimientos Indisciplinados», cuyo objetivo es fomentar el diálogo y el aprendizaje inter y transdisciplinarios entre estudiantes y académicos.
El artículo titulado De estallidos sociales a comunidades políticas en América Latina, de los investigadores Daniel Flores Flores y Jaime A. Preciado Coronado, del CUCSH de la Universidad de Guadalajara (UdeG), comparten una serie de ideas clave sobre la politización de los movimientos sociales y su transformación en comunidades (geo)políticas de pertenencia, un concepto que ha adquirido gran relevancia en la actualidad.
En América Latina, los movimientos sociales han sido una fuerza de transformación política y social clave en las últimas décadas. La convergencia de diversas luchas sociales, que incluyen los movimientos feministas, antirracistas, indígenas, campesinos sin tierra y otros colectivos, ha dado lugar a la creación de comunidades políticas de pertenencia (cpp), un concepto que ha permitido a estos grupos ir más allá de la lucha por derechos específicos, para articular demandas comunes y construir una identidad política colectiva.
Este fenómeno se ha manifestado de manera significativa en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití y Puerto Rico, así como en las caravanas de migrantes que atraviesan México en su camino hacia los Estados Unidos.
Los investigadores señalan que, los movimientos que cuestionan el neoliberalismo y la globalización han sido etiquetados de manera peyorativa por las élites como “populistas” o “comunistas”. Esta descalificación, según Enrique Dussel, responde más a prejuicios que a una crítica fundamentada en evidencias empíricas, y refleja los temores de los sectores conservadores ante el desafío al orden establecido.
Además, la politización de estos movimientos ha permitido que las cpp no solo se enfoquen en cambiar la estructura estatal existente, sino que también desafíen la idea de que el Estado es la única fuente legítima de poder político. Las cpp buscan crear espacios alternativos de autogobierno, como lo demuestran los Caracoles zapatistas en México, que operan fuera del control del gobierno mexicano, promoviendo un modelo de autogestión y organización comunitaria basado en principios de soberanía popular.
Entre 2019 y 2023, varios países latinoamericanos experimentaron importantes estallidos sociales, alimentados por factores económicos y políticos como la creciente desigualdad, la crisis de representación política, la debilidad de las instituciones y la explotación de recursos naturales. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) representó un ejemplo claro de cómo una cpp puede integrarse al sistema político para transformar las estructuras del poder. En Chile y Colombia, los movimientos estudiantiles, feministas y de comunidades indígenas y afrodescendientes jugaron un rol crucial, mientras que en Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue fundamental para articular las demandas de los pueblos indígenas en el espacio político.
Las cpp se caracterizan por una serie de procesos interrelacionados que las estructuran. Primero, están las políticas de identidad, que se basan en un origen común que se percibe como amenazado por factores externos como la discriminación o el despojo territorial. En segundo lugar, están las políticas de reconocimiento, que crean un sentido de pertenencia que une a las comunidades en torno a sus condiciones sociales y económicas. Y, finalmente, las políticas de pueblo, que buscan la soberanía no solo a nivel nacional, sino también en términos de autonomía territorial, cultural y política.
El caso de Puerto Rico es particularmente significativo, ya que, aunque es un territorio dependiente de los Estados Unidos, sus movimientos sociales han planteado demandas tanto de independencia como de justicia social y económica. Las movilizaciones en Haití, por su parte, han sido marcadas por un estado de estallido social permanente, con un tejido social deshecho debido a la debilidad del Estado y el auge del crimen organizado.
El feminismo, uno de los movimientos clave en la región, ha jugado un papel importante en la creación de cpp al vincular la lucha por los derechos de las mujeres con la lucha contra el patriarcado, el racismo y la exclusión social. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, la lucha feminista ha logrado visibilizar las demandas de género en los espacios políticos, desafiando las estructuras dominantes y promoviendo el reconocimiento de la diversidad sexual y de género.
Sin embargo, algunos críticos de estos movimientos, como el sociólogo Stefanoni, argumentan que los movimientos de izquierda han sido acusados de imponer un “marxismo cultural”, en el que se cuestiona la libertad individual a favor de una agenda colectiva. Este tipo de críticas se ha convertido en una estrategia de deslegitimación de los movimientos progresistas, según Dussel, al emplear términos como “populista” y “comunista” para descalificar a los movimientos de izquierda y, en especial, a aquellos que luchan contra el neoliberalismo.
Una de las propuestas más polémicas que han surgido en este contexto es la idea del Estado plurinacional, promovida por los movimientos indígenas y populares en diversos países latinoamericanos. Según los defensores de este modelo, como Enrique Dussel, la soberanía no debe entenderse únicamente en términos nacionales, sino también como un principio de integración política que reconoce las diversas identidades y culturas que coexisten dentro de un mismo territorio.
La crisis ambiental y el cambio climático también han sido temas clave en las demandas de las cpp. Los movimientos sociales en América Latina han denunciado el despojo de tierras y la destrucción de ecosistemas por parte de las grandes corporaciones multinacionales. Las comunidades que luchan contra el deterioro ambiental también exigen el reconocimiento de sus derechos territoriales y la protección de la biodiversidad, planteando un desafío directo a las políticas neoliberales que priorizan el crecimiento económico a costa de la sostenibilidad ambiental.
En resumen, los movimientos sociales en América Latina han evolucionado hacia comunidades políticas de pertenencia que desafían las estructuras tradicionales del poder y buscan construir un nuevo orden político, social y económico. A través de la creación de estas cpp, los pueblos de la región están redefiniendo las formas de participación política y social, buscando nuevas formas de organización basadas en la justicia, la equidad y la democracia.