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El domingo próximo se cumplen los 100 días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, plazo inicial fijado en dicho acuerdo para la acción de los poderes públicos contra la delincuencia. Las evaluaciones de los resultados tangibles del acuerdo hasta ahora no son muy alentadoras, y así lo habrá de corroborar hoy la sesión en Palacio Nacional del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aunque se entiende que la extrema gravedad a que ha llegado la burbuja criminal no da pie a resultados inmediatos. Lo que sí ha de exigirse en esta primera etapa, es que se fijen las bases y las tendencias para una acción efectiva en los próximos meses. Como parte de este ejercicio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer este martes su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2008, con una inspección realizada en 248 centros penitenciarios, cuyos resultados sobre las miserables condiciones en penales mexicanos eran también previsibles, y deben dar motivo a una atención especial en la revisión del Acuerdo Nacional, pues las cárceles mexicanas son lo más parecido al infierno en la tierra para los delincuentes, o presuntos delincuentes, en ellas recluidos y constituyen, como se ha señalado repetidamente, un engranaje muy importante en la monstruosa reproducción de la maquinaria del crimen. Esta situación también se describe en el informe que México entregará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2009. Según el Diagnóstico 2008, hubo algunos avances en las condiciones de algunos penales, pero en las cuatro quintas partes de ellos las calificaciones van de mediocres a malas (abajo de 7), aunque falta un análisis más exhaustivo por número de internos. La CNDH destaca que “los centros de internamiento de 14 estados continuaron empeorando en 2008 respecto de la situación que presentaron en años anteriores. En los estados de Nayarit, Nuevo León, Veracruz y Tabasco, así como el Distrito Federal, se presentaron los decrementos más significativos en la observancia de las garantías fundamentales en los reclusorios”, y “el mal funcionamiento de los reclusorios en la mayor parte del país prevalece como uno de los eslabones más débiles de la seguridad pública”. Varias son las cuestiones que se entraman en el análisis de estos resultados. En primer lugar, las fallas en la observancia de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios, no importa que sean delincuentes probados o presuntos delincuentes. Así, el Diagnóstico 2008 calificó el respeto a varios derechos humanos de los internos, entre otros, los que deben garantizar su integridad física y moral o una estancia digna y segura en prisión; los relacionados con su situación jurídica (el tiempo que duran los juicios y sus complicaciones) o el desarrollo de actividades productivas y educativas para su rehabilitación. Eso no debe considerarse una ofensa a las víctimas de esos delincuentes, pues nuestro sistema legal de justicia establece las penas que han de aplicarse por cada delito y, en el caso de la encarcelación, de ninguna manera aprueba las inicuas condiciones de la mayoría de las cárceles mexicanas: hacinamiento, maltrato, inseguridad, corrupción, en lo que estoy seguro, con humanidad, las víctimas estarían de acuerdo. Así, los internos en las cárceles cumplen su condena con su apartamiento de la sociedad, en diferentes términos o plazos, y la sevicia no es parte de la pena. Otra cuestión diferente, que se discute más cada vez, y no es incompatible con el trato digno a los internos en las cárceles, es si no se hace ya necesario, en el caso de crímenes especialmente nefandos y debidamente comprobados, aplicar la pena de muerte, tanto por castigo como por escarmiento. El Partido Verde propuso en agosto una iniciativa fundamentada al respecto para algunas modalidades del delito de secuestro, que podría extenderse a otros crímenes horrendos. Por otra parte, está la cuestión de las cárceles mexicanas como escuelas del crimen, en las que las fallas en uno de sus principales propósitos; la readaptación a la vida en sociedad, y las deficiencias en actividades productivas y recreativas para los internos, hacen que los delincuentes primarios, no violentos o de poca monta, sean presa fácil para su reclutamiento como malhechores habituales o para cometer crímenes cada vez más graves, además de que son enganchados ahí dentro en el consumo de drogas. Aparte la corrupción rampante, que se debe combatir a fondo, el hacinamiento y la falta de recursos son de las principales causas de aquellas fallas; no hay presupuesto para construir cárceles de capacidad suficiente, dignas y modernas, pero seguimos metiendo cada vez más gente en ellas, por un lado, porque la burbuja criminal, especialmente relacionada con el narcotráfico, crece desmesuradamente y se expande a otros delitos como el secuestro y la extorsión. Es claro que encarcelar a los criminales neutraliza sus ofensas a la sociedad y disminuye los delitos, pero por otra parte, parecería que la encarcelación se ha convertido en una fácil respuesta para combatir el crimen, en detrimento de otros remedios, muy en particular la prevención y, para delitos menores, la readaptación y tratamiento fuera de reclusión. Un signo de ese énfasis en el encarcelamiento se da cuando las autoridades destacan como prueba del éxito en el combate a la delincuencia, ¡el creciente número de delincuentes aprehendidos! y no, como debiera ser, la baja en el número de delitos. Ahora, como una medida coadyuvante al abatimiento de la burbuja criminal del narcotráfico, es indispensable también que la sociedad dé un paso adelante en la despenalización de algunas “drogas blandas”. Aquí habría que dar la debida consideración positiva a la iniciativa de legalizar el consumo y venta de mariguana presentada hace unas semanas en la ALDF por el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Víctor Hugo Círigo. Las cárceles mexicanas están saturadas de presos que aún no reciben sentencia y se encuentran actualmente bajo proceso; quizá un 40 por ciento del total de internos está en ese caso, y muchos llegan a permanecer detenidos hasta dos años antes de recibir condena. Esto tiene que ver con la sobrecarga de trabajo en los juzgados, pero también con los vicios y el excesivo formalismo de nuestro sistema judicial, cuya reforma es urgente continuar. La liberación anticipada es otro elemento a reforzar, aunque, como en otros variados aspectos del delicado tema de seguridad, debe garantizarse que esté libre de prácticas de corrupción. En materia de recursos para construcción, mantenimiento y seguridad en las cárceles, un trato digno y seguro a los internos significa gastos importantes en disposición de celdas suficientes y adecuadas, habilitación de servicios periféricos, alimentación, atención médica, así como talleres para actividades productivas y facilidades educativas y deportivas, además de los gastos para cuerpos de vigilantes eficientes y bien preparados. Aunque, especialmente en tiempos de crisis económica, la solución no es fácil, por la astringencia presupuestal, tanto federal como estatal, es de interés general incrementar generosamente las asignaciones para ese propósito. Se ha propuesto como salida al problema la “privatización” de los centros carcelarios, pero no está claro cómo ello garantizaría el financiamiento adecuado del sistema penitenciario ni cómo evitaría la mala administración o la corrupción. Me parece que la seguridad es uno de los principales derechos que debe seguir siendo garantizado por el Estado, con una adecuada supervisión de su funcionamiento por las contralorías internas de los gobiernos, con la contribución de órganos autónomos como la CNDH y organizaciones ciudadanas bien acreditadas. En el Congreso la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad está empantanada por el momento, entre otras cuestiones, en la propuesta centralista de una policía única, que esperemos sea desechada y que en su lugar se fortalezca que estados, municipios y la propia Federación tengan los medios y recursos financieros necesarios para contar con policías más preparadas y honestas. Obviamente, los 100 días de plazo del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad no tienen por que empujar a las prisas indebidas a los legisladores, pues es una reforma muy delicada, pero está claro que deben abordar también con mucho énfasis y cuidado la importante cuestión del mejoramiento carcelario, y la asignación de los aumentos presupuestales tan considerables que se requieren. huertajj02@hotmail.com pliegodejjhuerta.blogspot.com
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