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En México, del 2023 al 2024 solamente existió un aumento de 7.3 por ciento de recursos monetarios para la atención a la salud mental, a pesar de los crecientes padecimientos de depresión, ansiedad y suicidios generados por la pandemia del COVID -19 y que todavía no desaparecen. Además, de los tres mil 819 millones de pesos, equivalentes al 1.3 por ciento del presupuesto total para salud, la jurisdicción en la capital para atender los padecimientos psicológicos y psiquiátricos no tuvo modificaciones en más de 14 años, lo que provocó una desatención de los centros de cuidados, nula inversión a escuelas especializadas, falta primeros auxilios y nulificación de términos “nuevos” como asperger y autismo.
A partir de 2020, a causa de la pandemia, los reportes de depresión aumentaron a 36.3 por ciento y la ansiedad 37.7, al mismo tiempo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima que en 2019, había 15.7 millones de personas con algún trastorno mental y en 2021 se incrementaron a 18.1. Además, explica que tres de cada 10 personas en México padecerán algún trastorno mental a lo largo de su vida y más del 60 por ciento de la población que los posee no recibe tratamiento.
En la capital, el rezago de la normativa acumula 14 años, la última modificación que sufrió en la capital fue en el 2011 y a partir de ello, se han producido impactos desproporcionados en poblaciones con mayores dificultades de acceso a la atención a la salud mental, como personas indígenas, migrantes, personas privadas de la libertad y grupos sociales en las periferias de las ciudades.
Además, especialistas detallan que no existen suficientes programas sociales que atiendan la salud mental, inclusive, conforme a la Ley capitalina vigente, las escuelas no están obligadas a contar con personal capacitado para tratar con alumnos con autismo y asperger, entre otros padecimientos — que no se nombran — lo que orilla a los ciudadanos con estas enfermedades a no encontrar un espacio para desarrollarse y en consecuencia, sus Derechos Humanos se nulifican.
El suicidio es inexistente en la Ley
La Ley actual no contempla la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas con algún tipo de discapacidad intelectual y psicosocial, solamente llama a establecer los mecanismos para su buen funcionamiento, sin embargo, no define los mecanismos y lineamientos para promover la participación de la población con afectaciones.
La legislación tampoco prevé la atención prioritaria a quienes hayan tenido un intento de suicidio y a su primer círculo; a pesar de que del 2018 al primer semestre de 2024 se contabilizaron tres mil 568 en la capital, números a la alza, cuando en 2018 se registraron 398, que aumentó a 540 en 2019 y a 548 un año después, tiempo en el que se intensificó el aislamiento por el COVID - 19 con el aislamiento impuesto por la pandemia. En ese periodo de tiempo, 180 de los fallecimientos tuvieron lugar en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). La ciudad se ubica en el lugar número 31 a nivel nacional en suicidios, según datos del INEGI.
Hacia la vagueza de la Ley y el poco presupuesto destinado a su atención, la legisladora especialista en la temática, Luisa Ledesma, califica a la salud mental como “en estado de abandono”: “de acuerdo al Instituto Nacional de Psiquiatría, la depresión y la ansiedad se han convertido en las principales causas de discapacidad en México, mientras que la segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años, se debe al suicidio. La nueva Ley podría detectarlo desde etapas tempranas y ofrecer un tratamiento accesible y que la salud mental sea un derecho garantizado”.
Con todo y los crecientes números de la tasa de suicidios, la Ley actual solamente nombra ese término en dos ocasiones, en 20 hojas y únicamente pide implementar programas de información, sobre los efectos adversos de los trastornos mentales; pero no obliga a dar atención prioritaria a quienes lo hayan sufrido. Actualmente, el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio simplemente expone un breve folleto en su página de internet, la cual no tiene actualizaciones desde el 2022.
Dinero que no alcanza
De acuerdo con el análisis Salud mental. Presupuesto y política nacional del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el presupuesto que a nivel nacional se otorga para la atención a la salud mental es el 1.3 por tres por ciento del global destinado a salud, inferior a lo recomendado por la Organización Mundial de Salud (OMS) que prevé es cinco por ciento.
En el 2024, se ejercerán tres mil 819 millones de pesos para las enfermedades mentales, aunque es creciente por 7.3 por ciento conforme al 2023, México tendría que triplicar su gasto, en nueve mil 998 millones de pesos, para alcanzar la meta ideal de atención. De igual modo, en 2023, el presupuesto ejercido fue de 7.9 por ciento menor en comparación al 2016.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que se necesitan de 7.9 dólares para atender a una persona con padecimientos mentales, pero en México, solamente se le destinan entre tres y cuatro.
En la nueva legislación que propone Ledesma, se plantea la necesidad de llevar a cabo, al menos en una ocasión durante cada ciclo escolar, una revisión de la comunidad escolar, incluyendo estudiantes, sin dejar de lado a las personas docentes, administrativas y demás personal; para diagnosticar cualquier posible padecimiento de salud mental.
La Región del Mediterráneo Oriental de la OMS desarrolló un Programa de Salud Mental Escolar, material adaptado para que puedan usarlo personas que no sean especialistas, como docentes, administradores, personal de enfermería de las escuelas, trabajadores sociales y orientadores escolares. El manual se centra en la promoción de la salud mental y la prevención de problemas, mediante el fomento de una cultura positiva de bienestar en las escuelas, actividades escalonadas aplicables al entorno del aula; estas iniciativas en México, no existen, aun con mayor población y número de suicidios.
La problemática en la capital radica en que la Ley no define a los padecimientos como enfermedades, solamente los califica “trastornos”, es decir, alteraciones, no enfermedades, lo que según especialistas, al no nombrarlo como enfermedades, se invisibiliza y minimiza el problema.
También, la mayoría de los Artículos llaman a estrategias necesarias para proporcionar a la persona usuaria una atención integral en salud mental, a través de la promoción, prevención de riesgos, la evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento, no obstante, no explica presupuesto, facultades o innovaciones tecnológicas para llevarlas a cabo.
Para lograr que el presupuesto sea mayor y se exija su incremento y correcto destino, Ledesma propone: “se deben de crear alianzas públicas y privadas para maximizar el recurso y lograr que los fondos se utilicen de manera eficiente y transparente, además, tener coordinación con las alcaldías y la sociedad civil para asegurar que los recursos lleguen a las zonas más vulnerables”.
La iniciativa de Luisa para que nazca una nueva Ley, tiene como eje los centros comunitarios de atención psicológica y las unidades móviles, para llevar los servicios a las zonas vulnerables de la ciudad, que incluye los primeros auxilios psicológicos y capacitar al personal que se encuentra en vía pública, como Metro o en escuelas para intervenir en caso de alguna crisis; actualmente la normativa no contempla capacitación a policías, trabajadores de la Red de Movilidad Integrada o docentes de escuelas públicas y privadas.
No se contemplan los primeros auxilios psicológicos
Igualmente, la Ley no contempla los primeros auxilios psicológicos, siendo una de las recomendaciones de la ONU, que son una intervención psicológica de primera instancia que se basan en proteger el bienestar de una persona en crisis a través del apoyo inmediato, en escuelas y ayuntamientos; lo que según especialistas, orilla a padres y a sus hijos a no encontrar opciones para acceder a la educación, pues son rechazados porque las instituciones no cuentan con la infraestructura para lograr su incorporación a la sociedad.
La Ley de la capital tampoco otorga responsabilidades para proteger la salud mental en las escuelas, incluso, nunca se utiliza el término, lo más cercano a ello es “derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo”, pero, contrario a otras naciones, no se pide realizar pruebas diagnósticas a personas para detectar enfermedades en sus fases tempranas, ni se exige la creación de centros de atención dignos para otorgar información de tratamientos que lleven a su resolución.
“No solamente se debe de centrar en los tratamientos bioquímicos, sino observar las causas que están potenciando las enfermedades. La situación de los hospitales psiquiátricos es deprimente, no hay presupuesto y la gente vive de manera indigna, no hay nutrición ,solamente con fármacos los controlan, tampoco amor para los pacientes, la salud mental ha sido abandonada”, compartió Gisela Galicia, presidenta de la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos.