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Diputadas y diputados de Morena iniciaron una serie de brigadas informativas en las calles para sumar apoyo ciudadano en defensa del Bosque de Chapultepec. La campaña surge tras una resolución del Poder Judicial que exige al Congreso local cambiar el uso de suelo de un área de 4 mil 800 metros cuadrados, considerada de alto valor ambiental, a uso habitacional. Según los diputados, este cambio permitiría la construcción de un desarrollo inmobiliario en uno de los espacios naturales más importantes de la capital.
Los legisladores expresaron su rechazo absoluto a cualquier intento de ceder parte de este pulmón verde de la ciudad, afirmando que están dispuestos a poner en riesgo sus cargos antes que avalar el proyecto.
La postura de Morena es que esta resolución del Poder Judicial obedece a presiones económicas, lo cual, según su vocero Paulo García, amenaza la conservación del hábitat de cientos de especies y restringiría el acceso de la ciudadanía a un espacio de recreación y convivencia familiar.
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Por su parte, el diputado Víctor Hugo Romo, representante de la Alcaldía Miguel Hidalgo, detalló que la inmobiliaria Trepi planea construir un edificio de cerca de 20 pisos, con 500 departamentos cuyo valor se estima en 80 millones de pesos cada uno. Romo consideró que este proyecto beneficiaría exclusivamente a la inmobiliaria a costa de destruir una de las áreas verdes más emblemáticas de la Ciudad de México. También anunció que, además de las brigadas informativas, Morena solicitará una audiencia con el juez responsable de la resolución para cuestionar el proceso que ha llevado a esta determinación.
Como parte de la estrategia de defensa, se realizará una conferencia de prensa en Montes Apalaches 525, el próximo lunes a las 10:00 horas. En el evento se formará el Frente por la Defensa del Bosque de Chapultepec, una coalición que incluirá a concejales, miembros de los Comités de Participación Ciudadana, vecinos de Miguel Hidalgo y ciudadanos de otras demarcaciones. El objetivo es fortalecer la resistencia contra lo que consideran una decisión judicial que favorece intereses privados sobre el bienestar ambiental y el acceso público.
En este contexto, el movimiento dijo buscar involucrar a la comunidad y crear un frente unido que evite que el último gran pulmón de la capital sea alterado.