Metrópoli

La Jefa de Gobierno de la CDMX señala que este asunto debe establecerse como un asunto regulado en el ámbito de la salud pública

Respalda Clara Brugada despenalización del aborto en el Congreso local

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, saluda a las mujeres en un evento.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su respaldo a la iniciativa para despenalizar el aborto, que será votada en el Congreso de la Ciudad tras haber sido aprobada en comisiones. Esta propuesta plantea retirar la interrupción del embarazo del Código Penal, estableciendo que sea un asunto regulado en el ámbito de la salud pública.

Brugada subrayó la necesidad de alinear las leyes locales con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado inconstitucional la penalización del aborto. “El gran objetivo es la despenalización, es decir, sacarlo del Código Penal. No puede estar la interrupción del embarazo en el Código Penal; se trata de que no se penalice, sino que se regule justamente como debe ser, a través de las normas de salud,” afirmó.

En respuesta a las críticas de la oposición, quienes han asegurado que esta reforma podría permitir el aborto hasta los nueve meses, Brugada aclaró que la propuesta no busca modificar los límites establecidos para la interrupción del embarazo, sino únicamente retirarlo del Código Penal y colocarlo en un marco de salud. “Que no se esté distorsionando un tema que no está añadiendo o quitando más que lo que realmente le toca,” puntualizó.

La iniciativa también incluye una sanción de seis a ocho años de prisión para quienes practiquen el aborto sin consentimiento, penalizando con firmeza el aborto forzado y asegurando la protección de la decisión voluntaria de las mujeres.

Clara Brugada reiteró su postura a favor de que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre sus cuerpos, y destacó que este cambio en el Código Penal pretende que el acceso a la interrupción del embarazo sea visto como un derecho y un servicio de salud, eliminando la criminalización en este aspecto.

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