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Recién amanece en la colonia Doctores, en la Cuauhtémoc, y Gabriel, joven comerciante de 37 años, abre su tienda de abarrotes. Se asegura de que no haya nada fuera de lugar y, con la mirada nerviosa, prende las luces. Su rostro refleja preocupación y miedo, como el de muchos en su situación. Desde hace meses, recibe amenazas casi diarias de extorsionadores que exigen un pago semanal por “protección”. Sin embargo, Gabriel, que prefiere no dar su nombre completo por temor a represalias, asegura que lo más angustiante no es solo el dinero que entrega a sus extorsionadores, sino la sensación constante de estar en peligro.
“Te llaman, te dicen que ya saben cómo te llamas, a qué hora abres, qué vendes… y te dicen que, si no pagas, va a pasar algo. A veces te mandan fotos de tu negocio, de ti, y no sabes qué tan en serio lo toman”, cuenta, mientras mira hacia ambos lados de la calle, como si estuviera vigilando su entorno.
Gabriel no está solo. En los últimos años, los comerciantes de diversas zonas de la capital han estado en la mira de extorsionadores que, mediante amenazas, cobran cantidades importantes a cambio de “proteger” sus negocios. La extorsión, que en 2023 se registraba 42 casos por mes, según datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, ha aumentado a 43, y los comerciantes se sienten cada vez más vulnerables. Algunos, como Gabriel, aseguran que las autoridades no responden con la rapidez que esperaban.
Aunque el caso de este comerciante se repite a lo largo y ancho de diversas zonas de la capital, en la última semana las autoridades capitalinas decidieron actuar. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una nueva estrategia integral contra la extorsión, que busca cambiar la dinámica de un delito que se ha convertido en uno de los más temidos y menos denunciados en la ciudad. La estrategia, que incluye reformas legales, medidas operativas, campañas de concientización y la creación de una Línea Antiextorsión, pretende erradicar este flagelo que afecta principalmente a los pequeños y medianos empresarios, como los que componen a la colonia Doctores.
“Lo bueno es que al fin alguien está haciendo algo, y espero de verdad que funcione, pero yo no me siento seguro todavía”, dice Gabriel, visiblemente escéptico. “Si realmente quieren acabar con esto, deberían empezar por revisar bien a los policías, que muchas veces están involucradas, o por lo menos no ayudan”, agrega, mirando sus manos, como si pensara en las veces que ha tenido que entregar dinero para evitar problemas.
Los testimonios como el de Gabriel se repiten en diferentes partes de la ciudad. En Iztapalapa, una de las zonas con más denuncias de extorsión, según la Fiscalía, se registraron 54 carpetas en 2024, mientras que en 2023 la cifra fue aún mayor, con 96 casos. Marta, quien vende ropa en uno de los muchos mercados de esta alcaldía, prefiere no ser identificada por miedo a represalias. “Me dicen que tengo que pagar mensualmente, o me van a ‘visitar’. Ya ni siquiera sé a quién se le paga exactamente. Solo sé que, si no lo hago, no podré seguir trabajando”, cuenta, con voz baja y temblorosa, a la vez que mira a su alrededor, preocupada de que alguien la escuche.
Marta también menciona la nueva estrategia presentada por la jefa de Gobierno. “Está bien que estén buscando una solución, pero yo no creo que algo cambie pronto. ¿Y si me persiguen por haber hablado con un reportero?”, dice, sacudiendo la cabeza, resignada. La estrategia de Brugada incluye, además de las reformas legales, una campaña publicitaria y mil talleres dirigidos a sectores vulnerables, como comerciantes y empresarios, para enseñarles a detectar y actuar ante estos delitos. Pero para Marta, estas medidas suenan a promesas que tardarán en llegar.
“La extorsión es algo que va creciendo poco a poco, y siempre terminamos siendo los mismos los que pagamos, los que tenemos un negocio. Las grandes empresas no sufren como nosotros. Aquí, todos sabemos que tenemos que ‘callarnos’ para seguir viviendo”, comenta un hombre que también prefiere mantenerse en el anonimato. Él señala que, en su experiencia, la denuncia formal no siempre tiene resultados positivos, especialmente cuando los extorsionadores parecen tener conexiones con las autoridades locales.
Los datos de la Fiscalía sobre los casos de extorsión reflejan una realidad preocupante. Solo en los primeros siete meses de 2024, se abrieron 300 carpetas de investigación por este delito. Las alcaldías con mayores registros de extorsión incluyen Iztapalapa, con 54 casos, y Gustavo A. Madero, con 35. En 2023, las cifras fueron aún más alarmantes, con 96 casos en Iztapalapa y 66 en Gustavo A. Madero. En contraste, alcaldías como Milpa Alta o Magdalena Contreras, donde la actividad extorsiva parece ser menos frecuente, reportan solo unos pocos casos.
A pesar de las medidas que ya están en marcha, como la creación de la Línea Antiextorsión, que está disponible 24/7, muchos comerciantes sienten que estos esfuerzos todavía no han tenido el impacto deseado. “Me dicen que hay una línea para denunciar, pero ¿y qué pasa si los extorsionadores saben que fui yo?”, dice Omar, quien vende en un mercado de la alcaldía Benito Juárez, donde también se reportan 9 casos de extorsión este año.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, ha destacado que, gracias a las denuncias ciudadanas y la colaboración de diversas instituciones, se han logrado importantes avances. Hasta la fecha, han sido detenidas 305 personas vinculadas con la extorsión, y se han asegurado más de 2.5 dispositivos móviles en los centros penitenciarios de la ciudad. Sin embargo, comerciantes como Omar se muestran escépticos sobre el impacto real de estas acciones.
“Yo creo que la policía sabe, pero no hace nada. A veces creo que están involucrados, y si no lo están, es porque no quieren meterse en problemas”, comenta, con una mirada cansada. “Necesitamos ver resultados. No solo palabras. Los gobiernos siempre hacen anuncios, pero en la calle, lo que cambia es nada.”
A pesar de la desconfianza de muchos, la estrategia presentada por Clara Brugada busca dar una respuesta integral al problema, con un enfoque preventivo y punitivo. Además de la reforma al Código Penal, se contempla la creación de una Fiscalía Especializada en extorsión, así como el fortalecimiento de las medidas operativas entre las distintas dependencias de seguridad. Para los comerciantes, estas medidas representan un paso en la dirección correcta, pero muchos siguen esperando ver cambios concretos en la calle.
“Lo que necesitamos es seguridad real, no solo en papeles”, concluye Gabriel, mientras observa la calle casi desierta. “Hasta que no vea que de verdad hay resultados, yo seguiré viviendo con miedo”.