Búsqueda
Aunque las autoridades han iniciado un programa de recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la Ciudad de México, estos solamente pueden ser llevados cabo luego de alguna queja ciudadana, debido a que no existe jurídicamente una regulación de estos sitios, además de que con la “congelación” legislativa no se les ha otorgado la facultad de retirar objetos bienes mostrencos (sin dueño y que pertenecen al Estado), dado que no pueden ser recogidos por una autoridad, por el contrario, solamente la ciudadanía tiene la facultad de tomarlos y entregarlos al Gobierno.
En los últimos días, la policía capitalina ha intentado, en coordinación con algunas alcaldías, la recuperación de espacios públicos para el goce de la ciudadanía, sin embargo, esto no es suficiente cuando calles completas de varios puntos de la capital están invadidas por el comercio ambulante, además de que programas en beneficio de locatarios emergentes, como “Ciudad al Aire Libre”, no han respetado los lineamientos de establecimiento, medidas específicas para asegurar el libre tránsito, así como los materiales para su colocación; entonces, “chelerías” y puestos ambulantes regresan a su lugares habituales.
Por igual, varios alcaldes han intentado liberar las vialidades, pero sus facultades se limitan a apercibir automóviles abandonados, no comerciantes; las faltas en la Ley permitieron que botes, bancos, puestos, mercancía y cualquier objeto que “apartara” las banquetas y vialidades pudiera permanecer en los pasos peatonales, sin que alguna autoridad tuviera la facultad de retirarlo ni que los ciudadanos afectados por no poder gozar del libre tránsito y espacio, tuvieran los medios para reclamar.
Aunque la Constitución de la República Mexicana establece que todas las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales, el aplazamiento de su regulación desembocó que vialidades de alcaldías donde el comercio informal es recurrente, creciera sin control y sin que los ediles o algún mando los pudiera retirar.
Calles como Del Carmen, Eje 1, Eje Central e Insurgentes son objeto de banquetas bloqueadas por vehículos y comercio informal y a pesar de que la policía capitalina intentó retirarlos, la negación en la homologación de criterios en su rescate, el uso de materiales que se deben de privilegiar y la postergación de la normativa, ha dejado un pendiente en la ciudad, así como tres proyectos de Ley que no endurecieron las sanciones y los procedimientos para que chelerías, comerciantes y diversos puntos de venta ilegal de alcohol regresen a establecerse sin restricción o temor a castigos más duros.
Un ejemplo son las 20 personas que fueron llevadas al Juez Cívico el pasado 10 de noviembre en la alcaldía Benito Juárez por apartar lugares de estacionamiento y 19 más que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública; todas las detenciones, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fueron a causa de denuncias vecinales a través de redes sociales; bienes mostrencos en la vía pública que por su convicción no podían ser recogidos por las autoridades, solamente hasta que los habitantes se quejaron, ya que la policía no puede actuar hasta que se presente una queja. En caso de que la legislación hubiera avanzado, el Gobierno de la Ciudad de México pudo haber tomado los objetos que estorbaban la movilidad y avanzar en la liberación de banquetas en las 16 alcaldías.
Se realizan los operativos después de denuncias ciudadanas
Igualmente, en Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, se realizó otro dispositivo de liberación de vialidades, nuevamente en atención a diversas denuncias ciudadanas, pero esto no ocurrió en densas zonas comerciales o que no han sido señaladas por los habitantes.
En el despliegue, fueron retirados 20 objetos y alrededor de 10 kilogramos de enseres de la vía pública.
Según la SSC, este tipo de despliegues son implementados para evitar el mal uso de calles y avenidas, liberar espacios de estacionamiento en doble fila, y atender denuncias y quejas ciudadanas realizadas por medio de redes sociales y chats vecinales. Por igual, hasta que no existan denuncias de los habitantes, no es posible que las autoridades intervengan.
También, el siete de noviembre, se retiraron 100 kilogramos de enseres que obstruían las vialidades en la alcaldía Iztapalapa, una vez más, hasta que ocurrieron diversas denuncias ciudadanas por el estacionamiento en doble fila, en las inmediaciones de bares y restaurantes.
Aunque estos bloquean el paso peatonal, así como las rampas para sillas de ruedas y obliga a transitar por el arrollo vehicular, aunque esto representa riesgos, la Ley del goce al espacio público se vuelve débil, dado que son vagas las garantías para reclamarlo.
La legislación no avanzó
Para su remedio, existe una iniciativa de Ley, “congelada”, que invita a que las alcaldías remuevan las instalaciones o enseres que obstruyan la vía o el espacio público, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, además de evaluar de forma constante las vialidades a su cargo con el fin de buscar aumentar el número y área de vialidades parcial o totalmente peatonalizadas, es decir, priorizar proyectos de calles compartidas o peatonales.
Sin embargo, esto no será posible hasta que se explique en la Constitución con las reformas pertinentes; aunque varias de las modificaciones de Ley, como la prohibición de venta de alcohol en vía pública, ha sido ignorada y desechada por la ciudadanía, pues el retiro de “chelerías” — negocios que se van vuelto populares por invadir el espacio público —, acompañado por alcaldías como Coyoacán y Cuauhtémoc, no ha sido cumplimentado en su totalidad, a causa de que la regulación del espacio público y las sanciones a quien haga mal uso de este, no se cumplen y sin temor, el ambulantaje regresa a instalarse.
Por ejemplo, en la alcaldía Coyoacán se lleva a cabo constantemente el retiro de negocios ilegales de la vía pública, las de mayor afluencia, las “chelerías”; no obstante, el edil, Giovani Gutiérrez llamó a que su colocación deje de ser una falta administrativa y se considere como un delito de carácter penal.
A pesar de los cambios en materia administrativa, en la Ley de Cultura Cívica, siguen expendiendo alcohol en la calle sin verificación, sin controles y al alcance de la niñez y la juventud, los pone en riesgo su futuro.
“La venta de alcohol, desde nuestra óptica, no puede seguir siendo una falta administrativa. Los cambios son un avance, pero no resuelven este grave problema”, dijo.