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Las calles aledañas a la Ciudad Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), se han convertido en un territorio “secuestrado” por los llamados ‘franeleros’ o ’viene-viene’, quienes son señalados por tener bajo su dominio las calles mediante amenazas y abusos.
La rutina de los trabajadores y visitantes de la Ciudad Judicial, quienes necesitan un lugar donde estacionarse, comienza en una tensión cotidiana. Apenas aparece un automóvil en busca de un espacio, estos “cuidadores de la vía pública” interceptan al conductor, indicándole que no puede estacionarse a menos que pague una cuota de 30 pesos.
En esta región de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se ubican diversos juzgados y oficinas de gobierno, los franeleros han encontrado un terreno fértil para imponer su “servicio” no solicitado y ejercer control sobre los pocos lugares disponibles.
”Ya ni cuántos rayones me han hecho"
Desde el momento en que Rodrigo, trabajador del 132 de la avenida Niños Héroes llega al área, se encuentra con una escena repetitiva e incómoda: las calles están plagadas de garrafones, cajas, cubetas, llantas, piedras y demás objetos que apartan los espacios, como una especie de código territorial de los franeleros.
Estos personajes no sólo exigen cuotas para permitir que alguien ocupe el espacio que ellos aseguran “proteger”, sino que, en caso de no acceder a sus demandas, sugieren que el automóvil podría sufrir daños.
“Ya ni sé cuántos rayones nuevos tiene mi coche, ya hasta me parece normal”, comenta Rodrigo, quien admite que, a pesar de los operativos de la Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), los franeleros siguen operando sin mayores consecuencias.
Y es que, aunque la SSC CDMX ha realizado diversas acciones para recuperar las vialidades y desalojar a quienes apartan lugares ilegalmente, en la práctica, la situación persiste, dejando a ciudadanos como Rodrigo en una situación de vulnerabilidad.
La situación resulta, además, contradictoria. De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en su artículo 28, Fracción II, impedir el uso de la vía y el espacio público es una infracción. Asimismo, el artículo 27, Fracción I, establece que coaccionar a alguien para obtener un pago por un servicio no solicitado, como el “cuidado” de un automóvil, es igualmente ilegal.
La ley contempla sanciones de entre 1,141 y 4,149 pesos, así como arrestos de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de 6 a 12 horas, para quienes infrinjan estas normas.
Papel de los franeleos durante dispositivos de seguridad
No obstante, en la práctica, el control de estas zonas se ha convertido en una tarea complicada. “Existen operativos para recuperación de vialidades, y la policía sí se despliega en ciertos puntos, pero los franeleros son reincidentes, y algunos incluso están acreditados como trabajadores no asalariados”, explicó Ramiro Rodríguez Saavedra, Director de Operación Vial de la SSC.
En una entrevista con Crónica, el funcionario explicó los desafíos que enfrenta su equipo en esta lucha contra la ocupación ilegal de los espacios públicos.
“Uno de los objetivos principales de nuestros operativos es recuperar las vialidades y garantizar el libre tránsito de peatones y ciclistas, además de facilitar el paso de vehículos de transporte público y particular. Sin embargo, los franeleros encuentran maneras de regresar a las zonas, incluso cuando los operativos son recurrentes”, detalló Rodríguez.
Para Rodrigo y otros trabajadores de la Ciudad Judicial, esta realidad representa una encrucijada: por un lado, están conscientes de que acceder a las demandas de los franeleros implica contribuir a una práctica ilegal, pero, por otro, el temor a represalias hacia sus vehículos y a su propia seguridad los lleva a pagar la cuota, aun cuando las tarifas oscilan de forma variable según el “servicio” que los franeleros ofrecen.
Un trabajo muchas veces informal
De acuerdo con el catálogo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, la figura del “franelero” es reconocida como un trabajador no asalariado, y su actividad requiere acreditación y autorización de las alcaldías. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales operan en muchas áreas como la Ciudad Judicial no solo carecen de legalidad, sino que se sustentan en la coacción, como lo perciben usuarios como Rodrigo.
“Hace unos días tuve que cambiarme de lugar porque no quería pagar, y cuando regresé, mi coche tenía nuevos arañazos”, relató el ciudadano. Situaciones como esta han llevado a varios trabajadores a preferir pagar una cantidad fija a un estacionamiento formal (como mínimo 70 pesos), aunque implique un gasto considerable, para evitar el riesgo de sufrir daños en sus vehículos o incluso amenazas personales.
Al ser consultado sobre la evolución de los operativos, Rodríguez Saavedra explicó que estos se han reforzado y han logrado respuestas favorables de la ciudadanía en ciertos sectores.
Sin embargo, reconoció que la magnitud del problema, especialmente en áreas concurridas y de alta afluencia, como centros cívicos, zonas de bares o explanadas públicas, presenta desafíos que van más allá de la capacidad de intervención de la policía. “No es un problema específico de una alcaldía; los franeleros están presentes en varias áreas de alta concurrencia en toda la ciudad”, indicó.
Para quienes deben enfrentar esta situación diariamente, la respuesta de las autoridades, aunque bienvenida, no resulta suficiente para mitigar la sensación de inseguridad. En palabras de Rodrigo: “Entiendo que la policía hace su trabajo y que es complicado, pero es frustrante que uno tenga que vivir con este tipo de amenazas”.
Otra forma de extorsión
A pesar de que los franeleros se presentan como trabajadores no asalariados, muchos ciudadanos ven en sus prácticas una forma de extorsión. La falta de permisos y la ocupación ilegal de las calles son factores que alimentan el resentimiento de los habitantes de la ciudad, quienes consideran que el espacio público debería estar disponible para todos, sin intermediarios ni tarifas impuestas de manera arbitraria.
En los últimos meses, la SSC ha redoblado esfuerzos para mantener los dispositivos de vigilancia y disuasión en las áreas más afectadas, con operativos que abarcan desde el viernes por la noche hasta el domingo, en horarios en los que la actividad de los franeleros es más visible.
Sin embargo, el propio Rodríguez Saavedra señaló que la permanencia de los franeleros en varias zonas responde a una necesidad económica de sectores de la población que no tienen un ingreso estable. Esta situación, además de compleja, requiere soluciones de fondo que no solo aborden la ocupación ilegal de las calles, sino que también generen alternativas de empleo para quienes encuentran en estas prácticas su única fuente de ingresos.
En tanto, la ciudadanía, como en el caso de Rodrigo, se encuentra en una constante disyuntiva. Pagar o arriesgarse a recibir represalias, optar por un estacionamiento formal o enfrentar la incomodidad de lidiar con franeleros cada día. Así, calles de la Ciudad Judicial así como de otras zonas de la Ciudad de México se han convertido en un territorio en disputa, donde la ley y la necesidad chocan en una batalla constante, y donde los ciudadanos, al final, se ven obligados a adaptarse, resignados, a una situación que parece tener pocas salidas.