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Una nueva iniciativa busca convertir el programa Universitarios en Movimiento en un derecho constitucional y transexenal, con el objetivo de garantizar el transporte gratuito para estudiantes universitarios y sectores vulnerables de la Ciudad de México. La propuesta, que fue presentada en el Congreso local, tiene como propósito que los beneficiarios de este programa no dependan de la duración de un gobierno o del sexenio, sino que se consolide como un derecho permanente e inclusivo.
La modificación propuesta abarca el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 7 de la Ley de Educación local, con el fin de asegurar que el acceso al transporte público no se vea condicionado por cambios políticos. El programa busca beneficiar no solo a los estudiantes universitarios, sino también a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, un sector que enfrenta barreras económicas para acceder al transporte.
Datos de la Encuesta Origen-Destino realizada en 2017 indican que el 72% de los viajes en la ciudad son para acudir a la escuela, lo que equivale a más de seis millones de personas desplazándose diariamente. Este hecho resalta la importancia de un sistema de transporte público accesible y sostenible para quienes dependen de él para su educación.
El costo del transporte es un factor significativo, especialmente para quienes residen en la periferia o fuera de la Ciudad de México. Un estudiante que viaja desde el Estado de México, por ejemplo, debe cubrir hasta 600 pesos al mes solo en transporte, lo que puede representar un obstáculo económico para continuar con sus estudios.
La propuesta fue impulsada por la legisladora Patricia Urriza Arellano, integrante de la Bancada Naranja, que subrayó el derecho a la movilidad gratuita y segura como un derecho esencial para acceder a otros derechos fundamentales como la educación, la salud y el empleo.
Con esta iniciativa, se busca que la movilidad deje de ser una barrera económica para los estudiantes y personas vulnerables, asegurando que, independientemente de su situación económica o política, puedan tener acceso a la educación y otros servicios esenciales.