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Funcionarios que trabajaron con la exalcaldesa de Tlalpan, Alfa González, deberán ser investigados por posibles actos de corrupción y extorsión en contra de comerciantes de dicha demarcación, así lo determinó el Congreso de la Ciudad de México.
La propuesta fue presentada por la diputada y coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, quien aseguró que la corrupción y la extorsión no son delitos menores, sino crímenes que desangran a las instituciones, afectan la convivencia y la justicia; además, perpetúan la desigualdad y la desconfianza.
“No sólo roban recursos, también roban esperanza. Lo más grave es que cuando los servidores públicos caen en estos vicios, traicionan la misión que les fue encomendada: trabajar para el pueblo, no para su propio beneficio”.
FGJCDMX y la Contraloría investigarán a los exfuncionarios
La propuesta de la morenista contempla que la Contraloría General de la Ciudad de México y la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por servidores públicos investiguen a quienes resulten responsables de corrupción y hayan extorsionado a vendedores durante la administración de Alfa González, de 2021 a 2024.
Recordó que recientemente la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, informó que exfuncionarios de la anterior administración perjudicaron con una red de extorsión y corrupción a pequeños y medianos negocios.
Detalló que dicha red estaba perfectamente estructurada y que, mediante prácticas ilegales y abusivas, despojó a cientos de ciudadanos de sus derechos; algunos de ellos exigían hasta 100 mil pesos por retirar los sellos de clausura de los establecimientos, así como pagos ilegales mensuales.
“Un total de 205 expedientes fueron utilizados para extorsionar a comerciantes, a quienes se les pedían pagos mensuales bajo la amenaza de clausurar sus negocios, creando un ambiente de incertidumbre y miedo en Tlalpan”.
En ese contexto, recordó que el Congreso de la Ciudad de México deberá sacar adelante la iniciativa que envió la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para elevar las sanciones contra el delito de extorsión.