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La familia del hombre que murió atropellado a causa de la imprudencia de una joven en Santa Fe, reclama que el juez no señaló correctamente a la imputada, ya que no se dictó prisión preventiva y aunque fue vinculada a proceso, solamente se pidió una suma económica para el juzgado, no salir del país y dejar de conducir mientras concluye el proceso penal, a pesar de que tiene una carpeta de investigación por homicidio culposo.
Tras más de seis horas de audiencia, el juez únicamente le impuso a Adriana “N”, de 19 años, las medidas cautelares de retención de visa y pasaporte, acudir mensualmente a firmar, no acercarse a las víctimas y la aportación de 100 mil pesos al juzgado, con la garantía de que no se fugará del país, por el plazo de dos meses mientras se aportan más datos de prueba a la carpeta de investigación.
En entrevista con Crónica, Vanessa, hermana del fallecido, acusa que existieron diversas irregularidades desde que ocurrió el accidente, como el traslado de la imputada, cuando aparentemente estaba lesionada, hasta la integración de la carpeta de investigación, de la cual, la mujer acusa que se plasman hechos que no corresponden a los tiempos y acciones que ocurrieron cuando el Ministerio Público inició las indagatorias.
Vanessa narra que minutos después del homicidio, Adriana “N” fue trasladada al Hospital Español, donde estuvo resguardada 48 horas, clínica que emitía informes de fractura craneoencefálica, esguince cervical y se mantuvo anestesiada por el procedimiento. Sin embargo, luego de la manifestación, el análisis médico solamente la diagnosticó con un esguince de segundo grado en el cuello y se le administró diazepam, para contrarrestar el dolor muscular.
Durante las primeras 48 horas, a partir de que ocurrió el accidente, el Ministerio Público de Álvaro Obregón solicitó al de la alcaldía Miguel Hidalgo (donde se encuentra en hospital) que acuda a realizar el examen médico, sin embargo, argumentaron que el padre del a imputada se negó, aun cuando es mayor de edad.
En tanto, el MP de Álvaro Obregón solicitó una audiencia inicial con detenido para el siete de diciembre, a pesar de que Adriana “N” no estaba detenida. “El juez le dijo al Ministerio Público que tenía que haber solicitado al hospital un diagnóstico de que la mujer no podía salir, además de que se realice vía virtual para que se le lean sus derechos. No se llevó a cabo el asunto porque no estaba la joven, entonces se cerró la sesión y el juez le solicitó al MP que regresara la carpeta al lugar de origen, la trabaje y aporte los elementos necesarios”.
“La audiencia fue a las nueve de la mañana, terminó a las 10:30 y el hospital la dio de alta a las 11:00, la estaban resguardando, no tenía nada”.
“Fui por la carpeta de investigación a Álvaro Obregón, donde es el lugar de origen y me dijeron ‘entiende, aquí ya no está, tienes que verla con el juez, chécalo en otro lado porque aquí no te puedo recibir los oficios’”, documentación en la que se solicitaba la intervención del médico legista, que se recabara la entrevista, pruebas toxicológicas y examen psicológico.
Ante las negativas, la familia del fallecido se manifestó en la avenida Río de la Loza, vialidad aledaña a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por 72 horas continuas, donde señalaron que se continuara el proceso y omitieran las fallas del Ministerio Público.
Al rechazar la petición y continuar el bloqueo, se logró una mesa de diálogo para que la carpeta de investigación se ejecutara conforme a la jurisdicción; después, se solicitó una nueva audiencia sin detenido.
Vanessa menciona que una vez que se logró la difusión del caso en medio de comunicación y redes sociales, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial decidieron estudiar el caso en una nueva audiencia, sin embargo, reclaman que la primera resolución del juez es débil ante la gravedad del delito.
“No estamos de acuerdo con la resolución ¿Cómo es posible? Cuando una persona le quita la vida a otra y por dejar esa garantía (100 mil pesos) se va a su casa, cuando le quitó su derecho más importante. Las Leyes tienen muchos vacíos, pero homicidio es homicidio".
Igualmente, Vanessa expone que en la capeta de investigación se señala que Adriana “N” estuvo detenida en la Fiscalía de Álvaro Obregón, lo cual es falso, pues se mantuvo resguardada en el hospital, sin que se mencione alguna custodia de la Policía de Investigación.
“Es una burla porque ella no va a estar cuando las hijas de mi hermano necesiten educación, apoyo emocional o estén enfermas, una tiene cuatro años y la otra diez. Mi hermano no era repartidor de aplicación como lo mencionan, hacía entregas por su cuenta y ayudante de mantenimiento, él le daba todo el sustento a su esposa y a sus hijas, les violentaron sus derechos, a una familia”.
Por igual, la hermana del fallecido afirma que no existió apoyo para gastos funerarios, como sucede en otros casos similares. También, subrayó que el seguro solamente aportará una parte proporcional, sin contemplar los daños psicológicos que sufren las víctimas indirectas.
Asimismo, protestan que a Adriana “N” se le imputó el delito de homicidio culposo, es decir, sin la intención de matarlo, aun cuando la mujer circulaba a alta velocidad y en sentido contrario.